La seguridad: primordial derecho humano

MARIELA SAGEL*
marielasagel@gmail.com
La Estrella de Panamá, 27 de junio de 2010

Recientemente fue presentado en Panamá un interesante informe sobre Seguridad Ciudadana y los Derechos Humanos, bajo el auspicio de las organizaciones que tienen que ver con el tema, lideradas por la UNICEF, oficina de la ONU para la Infancia.

Lo interesante de este trabajo interdisciplinario es que destaca cómo la seguridad, o la falta de ella, ha desplazado en importancia o preocupación del ciudadano al desempleo, y así es como hemos visto que todas las campañas políticas han basado sus estrategias en prometer o garantizar más seguridad, aunque no hemos visto que se hayan hecho realidad dichas promesas.

Para la comisión que elaboró el informe, la seguridad ciudadana es concebida como aquella donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales.

El sucinto informe presenta a los estados miembros algunas recomendaciones orientadas a fortalecer las instituciones, las leyes, las políticas, los programas y las prácticas para la prevención y el control de la criminalidad y la violencia. Todo esto, obviamente, en el marco de la seguridad ciudadana y los derechos humanos.

Existe una gran preocupación en los países del continente americano, por el aumento de los índices de criminalidad y la gran afectación que está teniendo este incremento en la juventud, sea como víctimas o como victimarios. También señala el informe que en estos mismos países, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y represión legítimas, al crimen y la violencia.

Destaca también el informe que además de prestar mucha atención a la seguridad de los ciudadanos, se debe prestar igual atención a la seguridad de los agentes de la Policía, que son los que arriesgan sus vidas para preservar nuestra seguridad, de allí que se tenga que profesionalizar a la misma. En este aspecto, es de vital importancia entender y abordar las causas de la criminalidad y la violencia, no solo enfocarse en el castigo o las penas. Es preocupante que en Panamá cada vez aumente más el índice de adolescentes que dejan de estudiar para ingresar en bandas, que les prometen un acceso a ingresos jugosos al entrar en los negocios ilícitos del narcotráfico y relacionados.

A juicio de Sergio Pinheiro, quien tuvo a su cargo una de las ponencias magistrales de la presentación del estudio, en el caso particular de Panamá no se debería ‘amontonar’ menores de edad en la cárcel y señaló que las mismas no resocializan, que se han convertido en una escuela dominada por criminales y que deberían ser destinadas únicamente para casos peligrosos. Hay que buscar la forma de que existan penas alternativas, porque mantener un preso cuesta muy caro, especialmente para países como los nuestros, donde hay una sobrepoblación debido a la altísima mora judicial que existe.

Otro tema que abordó el destacado miembro de la CIDH, que fue asesor de Kofi Annan en el tema de violencia contra los niños y secretario de Estado para los Derechos Humanos en Brasil, fue el porte de armas, señalando que en los países donde hay menos armas no se cometen tantos actos violentos, y que es más probable que si una persona no porta un arma, salga mejor librada de alguna escaramuza donde hay un enfrentamiento armado.

Finalmente, al ser interrogado sobre la reciente ley que permite a los policías disparar sin ser separados de la institución para la investigación que semejante acto temerario demanda, dijo que es un ‘desastre’. De forma muy enfática indicó que la policía eficiente no mata, que dicha normativa es un gran irrespeto al Estado de Derecho y las obligaciones internacionales y que, definitivamente, es una decisión autoritaria, alejada de las que toma un gobierno democrático.