Una semana de reconstrucción

MARIELA SAGEL*

marielasagel@gmail.com

La Estrella de Panamá, 20 de Marzo de 2011

El lunes pasado empezó la reconstrucción de la horrorosa masacre ocurrida en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, donde murieron salvajemente abatidos por policías y custodios cinco menores que estaban allí pagando su pena por haber cometido una falta contra la sociedad. Eran siete y dos sobrevivieron y enfrentan la vida con serias quemaduras y traumas. Uno de ellos iba a salir en unos días con medida cautelar para terminar de cumplir su condena en Chapala. 

El tema de estos adolescentes ha polarizado la opinión pública. Sigo insistiendo que debe haber justicia en este caso, y que las autoridades (el Estado) debió inmediatamente asumir su responsabilidad, independientemente que estuvieran privados de libertad. Algunos me han enviado sugestivos mensajes donde señalan que los derechos humanos son para los humanos derechos, como si estos chicos, por haberse equivocado en los primeros pasos de su vida, estuvieran condenados a no tener derecho a nada el resto de lo que les quede vivirla. No creo que la opinión de los más importantes organismos de derechos humanos sea acorde a esa sesgada visión. Nuestro compromiso —y hablo del maravilloso grupo que se ha unido a la causa, en vigilias, manifestaciones y hasta en la comparsa en la que participamos en los carnavales— es el de reclamar lo justo para sus familiares y para los dos jóvenes que vivieron ese infierno, y esto debe materializarse en tratamientos de primer mundo para su total restablecimiento, tanto físico como sicológico.

Este hecho, que ha horrorizado al mundo entero, ese que es sensible a las fallas humanas y a la maldad cuando se hace con premeditación, alevosía y saña, ha tomado un giro inadecuado, por la actitud de la Policía Nacional, ese cuerpo colegiado al que tanto respeto le tengo, pero que se ha acuartelado y respondido como si el juicio a unos pocos fuera contra todas la institución. La Policía debe revisar su postura y debe dejar que la investigación se haga con entera transparencia y no obstaculizar ni sentir que es un ataque a su institucionalidad. Ya ni siquiera podemos señalarlos como ‘ex fuerzas de defensa’, porque todos esos ya se han acogido a jubilación, por lo que abolición del ejército y el reciclaje que tuvieron que enfrentar los que en su momento fueron abruptamente despojados de su aureola no se aplica a esta nueva generación de policías. Creo recordar que hace diez años se hizo una encuesta donde se estableció que la población confiaba más en la Policía Nacional que en los partidos políticos, inclusive más que en la iglesia. A fin de cuentas, de su cuidado dependen nuestras vidas, de todos esos hombres y mujeres que nos cuidan y sobre cuyos hombros reposa la seguridad del país.

La forma en que se está llevando esta reconstrucción apunta a que está viciada desde varios ángulos: por un lado la forma como están tratando tanto a los medios de comunicación como a los familiares de los muertos y los dos sobrevivientes, como por la actitud de los que administran el centro, que impiden el acceso a todo el que no sea parte de la defensa de la Policía. El camarógrafo Alberto Bernal, de Telemetro, quien fue testigo presencial y filmó las horrorosas escenas que allí se dieron, y que tiene derecho a estar en la reconstrucción fue tratado de forma violenta y displicente. El mismo tratamiento les fue dispensado a los familiares de los quemados, que se han estado asoleando toda la semana y lo seguirán haciendo por el resto del tiempo que les tome este proceso, porque en ello solo persiguen lo que todos esperamos que ocurra en este proceso: que se haga justicia.

Si no cambia la actitud de los involucrados en este caso, que no estén a la defensiva, sino que se esclarezca sobre quién recae la responsabilidad de lo ocurrido, no se tapen pruebas —como el repello de las paredes donde había orificios de las bombas— y, sobre todo, el Estado asuma de una vez por todas que debe pagar por lo ocurrido ese aciago 9 de enero, lo que veremos como resultado va a ser una burla más a la justicia y un punto negro adicional al Ministerio Público, puntos negativos que precisamente no necesita.