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UNA CONDENA TARDÍA

Por Mariela Sagel, El Siglo, 19 de noviembre de 2018

A fines de la semana pasada se dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la invasión cruel e injusta de los Estados Unidos a Panamá, en diciembre de 1989 y lo señala como responsable de “violentar los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas durante la operación militar que tenía como objetivo derrocar al gobierno dictatorial de Manuel Antonio Noriega”.

Hay quienes dicen que justicia tardía no es justicia, pero en este caso es importante el precedente que ha sentado la CIDH para que futuras acciones de este tipo, en países pequeños e indefensos como el nuestro no se repitan.

Desde el año 2016 se formó una comisión que busca esclarecer el número de víctimas afectadas y la identidad de muchas de ellas, que murieron o desaparecieron durante la invasión, que fue pedida y aplaudida por algunos malos panameños, pero condenada por la mayoría y por casi todas las naciones.

Es la primera vez que una instancia internacional aborda el tema y ese hecho fortalece la tesis que esgrime la comisión, de que hubo grandes afectaciones al país, en vidas y propiedades.

Este fallo llega casi 30 años después de perpetrada la infame invasión, y la embajada de los Estados Unidos se apresuró en salir a defender la acción militar con la excusa de que Panamá tiene ahora una robusta democracia con instituciones sólidas, lo que no es cierto. De igual forma habla de los $420 millones de dólares que puso a disposición del gobierno de Endara para la reestructuración del país, dinero que no llegó a entregarse porque para ello era indispensable hacer ajustes estructurales que esa timorata gestión no se atrevió a hacer.

Pero mientras esto se dilucida, debemos aplaudir el tesón de la abogada Gilma Camargo, que interpuso la demanda en 1990 y de los que han estado empujando a que se le diera el curso necesario a la misma.  Más de una generación de panameños le estamos agradecidos.

 

 

LA IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA EXTERIOR COHERENTE

Por Mariela Sagel, La Estrella de Panamá, 11 de noviembre de 2018

Las acuciosas periodistas de este diario, Adela Coriat y Marlene Testa, publicaron hace unos días un exhaustivo reportaje sobre las relaciones internacionales que nuestro país está gestionando, y que se enmarca en una estrategia llamada “Halcón”, con el fin de fortalecer las relaciones con países con economías emergentes de Asia, África y de Medio Oriente.  El fin, aparentemente, es atraer más visitantes y relajar las estrictas medidas migratorias que han prevalecido hasta ahora, sobre todo en lo concerniente a visas autorizadas, que tienen que ser evaluadas por el Consejo de Seguridad Nacional.

El tema diplomático sufrió una sacudida tremenda el 13 de junio de 2017 cuando Panamá, finalmente, decidió establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y romper su relación con Taiwán.  Era lo lógico y esperado por todos: China es el segundo usuario del Canal de Panamá, es un país de 1,400 millones de habitantes y una potencia mundial.  Taiwán, ubicada en la isla de Formosa, es una provincia insular que se rebeló contra China en 1945 y solo cuenta con 23 millones de habitantes.  Muy pocos países tienen relaciones diplomáticas con esa pequeña isla, ni siquiera los Estados Unidos.

También recientemente se presentó en la Biblioteca Nacional el libro titulado “La ruta de la seda y Panamá”, del economista Eddie Tapiero, y su mensaje, el día de la presentación, fue de que las relaciones con el gigante asiático no deben atemorizar a los panameños, si se manejan con respeto e integridad.  ¿Cómo vamos a tener, –los panameños–, temor a que una potencia nos juegue mal si logramos que los estadounidenses nos devolvieran el Canal de Panamá, mediante un tratado y logramos el apoyo de la comunidad internacional con ese fin?  Creo que la autoestima nacional se ha resquebrajado a partir de que ya no tenemos un objetivo común por el cual luchar y también por la actitud de los que dirigen el país.

En este contexto, viene al caso una reciente polémica que ha surgido en los medios de una supuesta representante de la República Saharaui contra un periodista que fungió como embajador ante el Reino de Marruecos en la administración pasada.  Nuestro país tiene relaciones con Marruecos de manera concurrente desde Colombia y en 2016 definitivamente en nuestras fronteras.  Si bien somos respetuosos de las decisiones y las posiciones que tengan el resto de los países, no cabe en la cabeza de nadie sensato que, de repente, salte a la palestra una serie de amenazas contra Marruecos (en los medios) y que una de esas amenazas provenga de quien no tiene autoridad moral para proferirlas.

Esta señora saharaui se acuarteló por dieciocho días en el aeropuerto de Lima, Perú, al verse impedida a entrar a ese país.  La susodicha alegaba que iba a restablecer las relaciones diplomáticas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que habían sido suspendidas en 1996 por el gobierno peruano. Y esta misma señora, en un artículo de opinión en este diario, se firma como embajadora, en una réplica al periodista Demetrio Olaciregui.  El asunto ha llamado mi atención por la sencilla razón de que, Panamá, dentro del marco de su interés en los temas marítimos y portuarios, y ahora con la política Halcón (que debió ser mejor explicada) tiene un interés más allá del diplomático en el puerto de Tánger, entrada del Océano Atlántico al Mar Mediterráneo y el primer puerto de África.  Fortalecer los lazos con economías emergentes debería empezar por evaluar con las que ya tiene relaciones, con las que comercia y con los puertos y puntos logísticos que sean de mutuo beneficio, además de los atractivos turísticos. Y ser correspondiente en el tema migratorio, para que sea coherente.

Otro asunto para destacar es que la RASD tiene relaciones con apenas 30 países en el mundo, y contradictoriamente, 20 países le han retirado su reconocimiento.  Ningún país de Europa, ni Estados Unidos, Canadá, Rusia, China e India lo reconocen, ni el resto de los BRICS.  España, que fue el colonizador del Sahara Occidental tampoco.  Paradójico resulta que Panamá no tiene embajador en ese territorio.  Los países no deben permitir que dentro de sus fronteras haya este tipo de agresiones y, sobre todo, que se ventilen en los medios.  Y Panamá debe sopesar que Marruecos es el mayor productor de fosfato en el mundo y que desarrolla fertilizantes basados en ese producto que beneficiarían tremendamente a nuestra maltrecha agricultura. El turismo y las energías renovables son también atractivos que estarían dentro de los propósitos de la política Halcón.  Las relaciones exteriores deben ser coherentes en todo sentido.