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A 30 años de la invasión de Panamá

MARIELA SAGEL

Publicado en Estudios de Política Exterior

Un hombre pasa junto a un mural sobre la invasión estadounidense que derrocó al exdictador Manuel Noriega, en la ciudad de Panamá en mayo de 2017/GETTY

Termina un año de aniversarios en Panamá: se cumplieron 500 años de la fundación de la Ciudad de Panamá, la primera establecida por los españoles en el istmo; 40 años de la entrada en vigor de los tratados Torrijos-Carter, que puso fin al enclave colonial estadounidense conocido como zona del Canal –vigente desde que un francés firmó el tratado a perpetuidad en 1903, lo que permitió a Estados Unidos terminar la obra canalera y usufructuar la geografía panameña–; y el 20 de diciembre se cumplen 30 años de la cruenta e innecesaria invasión por parte de EEUU para capturar al general Manuel Antonio Noriega.

El departamento de Estado de EEUU bautizó la invasión como Just Cause (causa justa), pero en realidad fue un Just Because (porque sí). Nadie puede entender cómo 26.000 soldados estadounidenses bombardearon con saña los barrios más pobres y densamente poblados de la ciudad y el interior, si en teoría solamente venían a por Noriega. Conviene, no obstante, aprovechar este aniversario para revisar las acciones del general que llevó al país a ser blanco de una acción bélica, no para excusar la invasión, que no tiene excusa, sino para entender el motivo intrínseco de la misma.

Durante años, Noriega fue un agente fiel de la CIA, hasta que su mentor, William Casey, falleció en 1987. A partir de entonces, su estrella entró en franco declive. Los siguientes años estuvieron plagados de incidentes que confirmaron el grado de ambición (y la aparejada corrupción) que guiaba sus acciones. Ya en 1987, su antiguo compañero de armas, Roberto Díaz Herrera, denunció públicamente que se traficaba con la visa de los cubanos y otra serie de irregularidades. Lo hizo desde el revanchismo, ya que Noriega le había obligado a renunciar para quedar él como jefe máximo de las Fuerzas de Defensa.

Los opositores a Noriega formamos lo que se conoció como Cruzada Civilista: protestábamos con panfletos, periódicos clandestinos y marchas muchas veces reprimidas en forma violenta. En 1988, el presidente títere que había puesto Noriega trató de derrocarlo y tuvo que exiliarse, con las consecuentes sanciones impuestas por EEUU a Panamá. Cerraron los bancos y los intercambios, las compras y el pago de salarios tuvieron que hacerse por medio de bonos, trueque y mil formas imaginables.

En 1989 tocaba realizar elecciones y el 7 de mayo la nómina afecta al gobierno perdió de manera abrumadora, y no porque la propuesta de la oposición fuera buena. De hecho, el único que tenía los méritos y el perfil de mandatario era Ricardo Arias Calderón, de la entonces Democracia Cristiana. A pesar de que observadores internacionales dieron fe del triunfo de la Alianza Democrática Oposición Civilista (ADOC), encabezada por Guillermo Endara, Noriega desconoció los comicios, sumiendo al país en otra crisis institucional sin precedentes.

A partir de entonces, el ticket presidencial fue objeto de atención, uno por ponerse en huelga de hambre (Endara) y otro, su vicepresidente, Billy Ford, porque en una marcha de protesta fue asaltado (mataron a su guardaespaldas) y su imagen ensangrentada –portada de la revista Time– dio la vuelta al mundo.

Caída libre e invasión

Para el mes de octubre, un grupo de militares, en supuesto contubernio con las autoridades del Comando Sur de EEUU, intentó dar un golpe de Estado en el mismo cuartel general de Noriega. Trataron de razonar con el general que la mejor salida para el país y para él y su familia era entregarse. Le ofrecieron garantías y un exilio dorado, pero el general no aceptó y masacró a los sublevados, liderados por Moisés Giroldi, un oficial cercano a Noriega, al punto de compartir con él un compadrazgo. Con el asesinato de estos 11 militares (conocida como la masacre de Albrook) comienza el declive vertigionoso de Noriega.

Noviembre y diciembre estuvieron enrarecidos por las acciones inconsistentes y temerarias de Noriega y sus acólitos. El 16 de diciembre, víspera del día de la Lealtad, apareció en una tribuna un general embravecido declarándole la guerra a EEUU, enarbolando un machete. La Asamblea Legislativa lo nombró jefe del Gabinete de Guerra, con poderes especiales. En esos días falleció un soldado estadounidense que se encontraba en el barrio El Chorrillo, fuera de sus horas de servicio, en un incidente confuso. También se arrestó y maltrató a otro soldado y su esposa que andaban por la zona. Los enfrentamientos eran frecuentes, pero fueron estos dos casos la razón para que George H. W. Bush, que había ascendido a la presidencia de EEUU en enero de ese año, ordenara la invasión cuatro días después.

Las razones que esgrimió Bush fueron: proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá; defender la democracia y los Derechos Humanos en el país; detener a Noriega por delitos de narcotráfico, y respaldar el cumplimiento del tratado Torrijos-Carter. Todas pueden ser en parte rebatidas: los ciudadanos estadounidenses vivían en guetos que ellos controlaban y cada vez eran menos, pues solo faltaban 10 años para que terminara de implementarse el tratado Torrijos-Carter. En lo de defender la democracia, es cierto que había que reconocer las elecciones de mayo de ese año, pero siempre bajo el control de los dictados de las instituciones financieras internacionales. Los Derechos Humanos fueron flagrantemente violados por las tropas invasoras y a Noriega no lo capturaron: los primeros días se escondió y después se asiló en la Nunciatura Apostólica.

Sabiendo que la Nunciatura podría ser un lugar donde Noriega buscara asilo, el nuncio Sebastián Laboa, que disfrutaba de unas vacaciones en su natal San Sebastián, fue llevado a Panamá en un avión militar estadounidense unos días antes de la invasión. Noriega estuvo allí asilado desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero, que se entregó, con la condición de que lo dejaran hacerlo en uniforme militar, lo que lo convirtió en prisionero de guerra.

Mientras tanto, la ciudad sufrió ataques de los soldados, se quemó todo el barrio donde estaba la comandancia y, en vista de la ausencia de autoridad de seguridad –los estadounidenses no se molestaron en imponer el orden–, se produjeron saqueos que devastaron la ya maltrecha economía del país.

Resarcir a la víctimas

Treinta años han pasado y no se sabe aún cuántas personas murieron. Muchos de los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes. Ahora hay una comisión de la verdad que pretende esclarecer lo ocurrido, con los fondos para hacerlo. Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su decisión sobre la invasión. El caso lo llevó adelante la abogada panameña Gilma Camargo en representación de 272 panameños, que testificaron ante la CIDH. En palabras de Camargo, representa “una oportunidad para el pueblo panameño, y para otros pueblos, de poder defenderse de agresiones ilegales de países más poderosos”. La CIDH insta a EEUU a resarcir a víctimas de la invasión. Las repercusiones de esta decisión, según Camargo, son grandes, y no se comprenden todavía. “Este es un caso histórico,” explicó, añadiendo que el informe de fondo está “lleno de nuevos precedentes y de ampliaciones y fortalecimientos” sobre aspectos del Derecho, que entrarán en efecto cuando sean interpretados por expertos. “Y esto lo hicimos solos. Sin ayuda de ningún gobierno”.

Horas después de que fuera divulgado el informe de la CIDH, la embajada estadounidense en Panamá reaccionó. Recordó que dio 420 millones de dólares en Fondos de Apoyo Económico para reemplazar viviendas y en subsidios para los hogares en el corregimiento de El Chorrillo, una de las zonas más afectadas por la acción militar. También manifestó que apoya “completamente” la Comisión del 20 de diciembre de Panamá que investigará los eventos que rodearon la invasión. La embajada de EEUU alegó que los panameños “tienen derecho de conocer su historia, estamos trabajando para devolver los documentos retenidos durante la Operación Causa Justa. Estamos interesados en ver esos documentos en manos panameñas”.

Los 420 millones, sin embargo, no dan cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH. Esta solicita a EEUU que remunere económicamente a los panameños afectados por la intervención militar; pide que se les dé tratamiento médico y psicológico, y que investigue de forma “exhaustiva” los sucesos. EEUU no es miembro de la CIDH, pero sí forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que debería acatar la decisión.

Todavía no hay progreso en este materia. La comisión de la verdad, sin embargo, ha logrado hacer algunos actos simbólicos en torno a la fecha. El más emblemático, una muestra fotográfica de Juantxu Rodríguez, el fotoperiodista español del diario El País acribillado por una tanqueta estadounidense frente al Hotel Marriot (hoy Sheraton), mientras cubría junto a la periodista española Maruja Torres la invasión.