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Caso cerrado

MARIELA SAGEL
El Siglo, 18 de mayo 2010

En mi artículo anterior toqué tangencialmente el tema de una ley que
obligará a los promotores a pagar las cuotas de mantenimiento de aquellos
apartamentos que no se hayan vendido u ocupado, sugiriendo que eso alejaría
las inversiones de los grandes condominios. Y digo tangencialmente porque la
descripción de la larga fila que hay que hacer en la oficina de la DGI se
robó todo el espacio.

La reacción fue en pandilla: me dieron hasta con la suela del zapato y con
alegatos legales aquellos que -igual que yo- piensan que es injusto que unos
carguen con la carga de otros en el mantenimiento de un bien que se
construye. Por eso, hago este mea culpa público, ya que en el condominio
donde vivo el constructor no ha pagado en 16 años la cuota de mantenimiento
que le corresponde a la azotea, con la que se quedó, y no ha habido manera
directa o judicial que logremos cobrar esa deuda.

Pero hoy quiero referirme al cabildo que se celebró la semana pasada como
reacción a la exigencia de “cogobernar” que supuestamente ha puesto la
“sociedad civil” al gobierno del presidente Martinelli. Primero fue el
requisito de tener una agenda antes de asistir a la reunión, lo que me
parece más que correcto: si me citan a una reunión exijo, así sea con mi
familia, una agenda de la misma. Luego fue el “free for al”l que se formó.
Mis ojos no podían dar crédito a los relatos que leí con mucha atención y
muerta de la risa: que se presentaron los jugadores de canicas y de
ping-pong , y mi periodista radial favorito agregó que también estuvo
presente la asociación de ralladores de coco.

Conversando con el sociólogo Raúl Leis, que estuvo presente en ese demencial
encuentro, analizamos las consecuencias o resultados que el mismo puede
tener y abrimos un compás de espera, no sin cierta esperanza de que todo lo
allí vertido (y recogido obedientemente en 18 páginas por el Presidente)
sirva para enderezar el rumbo y que no solamente fuera un show mediático, en
medio de una serie de acusaciones de medios extranjeros de vínculos del
mandatario con oscuros intereses, la remoción de la embajadora de Estados
Unidos -la madrina de su alianza por el cambio- y la presencia de
distinguidos representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa en
Panamá.

Llama la atención que acompañaron al Presidente a la cita con la sociedad
civil los ministros que ostentan las carteras menos sensitivas, y que gozan
aún de cierta popularidad. No puedo imaginarme qué hubiera pasado si
hubieran estado presentes la ministra Cortés o el ministro Mulino. Hubieran
faltado varios martillos para decretar, ante la ausencia de un moderador
tiránico, cada caso como “cerrado”, tal como lo hace Ana María Polo en su
programa de Telemundo.

Al oído del Ministro de Seguridad

MARIELA SAGEL
marielasagel@gmail.com

La gran preocupación que tiene la población tanto a nivel de la capital como en el interior es la seguridad. Y por más proclamas que se hacen, no se ha mejorado en nada en los últimos meses por una sencilla razón: no se ataca el problema desde la raíz.

Gracias a las estadísticas que estrictamente lleva el Ministerio de Gobierno, uno entiende que desde hace más de diez años la delincuencia común ha dado paso a la delincuencia organizada, que es la que trae consigo el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la prostitución clandestina, el trasiego de armas, el terrorismo y las ejecuciones; escenarios donde los carteles de drogas rivales se lucen en nuestro país.

La delincuencia común es la que lidia con los robos, hurtos y asesinatos por celos, que no deja de preocupar, pero lo que realmente hiere los corazones de la población panameña es la proliferación de las bandas, la incursión en ellas de jóvenes que de otra forma serían prometedores profesionales o al menos técnicos de alguna destreza. Otra de las estadísticas que alarma es la gran cantidad de indocumentados ilegales que se ha incrementado en el país, y así todavía el Presidente está ofreciendo alegremente con el mandatario que se tropiece legalizarle sus nacionales y suprimir visados y pasaportes.

A fines del año 2008, un grupo de destacados profesionales con vasta experiencia en temas de seguridad hicimos un trabajo (aunque no soy experta, me tocó participar en el grupo) que analizaba cómo había sido el desarrollo del asunto desde que los gringos se fueron de las bases. Este documento cobra más vigencia ahora que estamos actualizando las estadísticas y notamos con gran alarma que en vez de disminuir, la delincuencia organizada ha ido en incremento. Este análisis incluyó también el aspecto sensitivo de la inmigración.

Ante la inminencia de que se decrete la “ley zanahoria” (a pesar de que le toque el bolsillo al vicepresidente por ser productor de alcohol) y el nacimiento de un Ministerio de Seguridad, hago un llamado para que se tomen en cuenta a todos los grupos de la sociedad, independiente del partido que seamos, para aportar a la solución de un flagelo que amenaza no solo a las familias panameñas, sino también la perspectiva que, como país, tiene la inversión extranjera y lo frágil que es la misma cuando no se le garantiza el mínimo de seguridad a sus visitantes.

El problema es de todos, no solo de una gestión de gobierno. Se han dado pasos decididos en la dirección correcta, un poco tarde, pero válidos. Hay que empujar, que es mejor que arrear, como dicen nuestros queridos vecinos colombianos.