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Alerta constitucional e institucional

MARIELA SAGEL*

31 de Enero de 2010

Adictos al Black Berry
Adictos al Black Berry

Sostener que gozamos de un sistema de gobierno participativo y democrático es querer esconder el sol con una mano. Los acontecimientos —o sobresaltos, como prefieran llamarlos— con que terminó la semana muestran las verdaderas intenciones que han inspirado los seis meses de gobierno que lleva el actual mandatario. Tal parece que habrá que ir haciendo un “check list” que vaya comparando la agenda o programa de gobierno con lo cumplido y lo actuado desde el primer día.

Todavía queda una instancia que no ha sido tocada por el afán de controlar, inspirado en el más oscuro sentido de la manipulación. Los nombramientos de los dos nuevos magistrados y la parodia que se dio en torno al proceso de su selección debió haber dado paso al gremio de abogados para levantarse en serias protestas, al igual que la llamada sociedad civil, que casi vertió lágrimas de sangre ante tanta burla —especialmente porque sus adláteres se sintieron gravemente traicionadas—. Siguieron los procesos contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, que todavía lo mantienen en total indefensión y remata con la separación del cargo de la procuradora general de la Nación, donde a todas vistas es un hecho que ha permitido que “ los pájaros le tiren a las escopetas ”, porque se le ha levantado una causa en virtud de haber señalado y condenado un acto de corrupción ampliamente comprobado. Todo esto sin tomar en cuenta que, a dos semanas de la celebración de los carnavales, no hay junta que los organice ni mucho menos ruta o lugares donde se va a escenificar el desenfreno y que actualmente tenemos dos procuradores y el Ejecutivo está en total acefalía.

Esa instancia es la Autoridad del Canal de Panamá, que para el próximo 13 de febrero (sábado de carnaval) tendrá que recibir la designación de tres nuevos directores a los que nombrará, precisamente, el Poder Ejecutivo. A la fecha, aún cuando se designó a un director y al actual ministro del Canal en su momento, no se barajan nombres que llenen las vacantes que dejarán Mario Galindo, Antonio Domínguez y Guillermo Quijano, que, a pesar de haber sido nombrados por la ex presidenta Mireya Moscoso, fueron personas probas en el enorme reto que ha llevado adelante la empresa más importante del país, especialmente en lo concerniente el referéndum celebrado para iniciar la ampliación de la vía acuática.

La ACP es —todavía— un modelo que debe preservarse y entre todos tenemos que defender ese bastión. También la ACP puede convertirse en un codiciado botín político y económico, toda vez que un estudio realizado hace unos años por la empresa INTRACORP se hacían adelantos econométricos de 25,000 millones de dólares a ingresar al Producto Interno Bruto entre los años 2014 y 2025, una vez culmine el proyecto de ampliación, sea por tránsitos —directos, indirectos, inducidos y paralelos— además contando con el desarrollo del conglomerado en su totalidad. Esos hombres —porque tal parece que no se sueña con designar mujeres— que formarán parte de la Junta Directiva de la ACP, más los que tendrá que designar el Ejecutivo en el año 2013, cuando se vencen los períodos de otros tres que también nombró el gobierno de Moscoso (quizás los más anodinos, salvo el Lic. Ramírez) y un nuevo administrador —porque el actual no puede reelegirse, a pesar de lo bien que lo ha hecho— tendrán en sus manos un poder absoluto y apabullante que, en manos de quienes no respetan la separación de los poderes y que mandan, no gobiernan, puede ser muy peligroso. Haciéndome eco de lo escrito por el ex secretario general de la Autoridad Marítima, ¿serán escogidos estos nuevos miembros entre los personajes sumisos que rodean al presidente o se escogerá a personas independientes que puedan mantener la tradición de empresa ejemplar que es el Canal? Esa interrogante es tan fácil de descifrar como tener una idea de cómo va a acabar el asunto del FIS o de qué forma maneja el Ejecutivo la Fiscalía ante la cual está Ayú Prado: por Black Berry chat.

“Show time”

MARIELA SAGEL*

24 de Enero de 2010

Cuadro de El Greco, titulado La Nave de los Locos
Cuadro de El Greco, titulado La Nave de los Locos

Todo parece indicar que lo que acontece y acontecerá en los próximos años va a ser sujeto de actos histriónicos dignos del record Guinness que el señor alcalde aspira alcanzar.

Primero fue el aparatoso montaje de búsqueda que se dio el Día de los Inocentes, digno de la persecución de un sujeto de alto riesgo, por tierra, mar y aire, en detrimento del ansiado combate a la delincuencia que llena de luto y sangre los hogares panameños, en ocasión que se dictó una orden de conducción al ex presidente Ernesto Pérez Balladares por el supuesto delito de blanqueo de capitales.

Como ya en otras ocasiones me he referido al tema, voy a obviar lo escrito para ir al grano y develar algunos detalles que, en días recientes, he podido recabar y que me autorizan para emitir los fundamentos de este caso, sin entrar en los detalles legales del mismo, que a veces confunden a las personas.

Primero hay que dejar muy claro que a nadie se le imputa el cargo de blanqueo de capitales si el origen del dinero es lícito. Entiéndase como negocios ilícitos el contrabando de licor, drogas, etc. y para que una persona sea acusada de tal, se le deben entregar sumas de dinero que él, a posteriori, las devuelve a su procedente, habiéndolo lavado, como se dice vulgarmente. El negocio de casinos no es un negocio ilícito.

En segunda instancia, y tal como recientemente lo destacó el zar Anti Corrupción, “ los familiares del presidente tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos ” al defender la contratación de unos bordados. Un yerno del ex presidente figura como directivo de una de las concesiones de casinos, lo que caería dentro de la misma categoría que lo señalado por el funcionario.

Siguiendo con el caso, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entregó información a un diario impreso violando todas las reglas establecidas en el sistema bancario, poniendo en grave peligro la confidencialidad que debe existir. El 80% del expediente que se le sigue al ex presidente está compuesto por las publicaciones mencionadas. De la misma forma que la vocera de la Presidencia exige ahora que ese mismo diario entregue copia de los cheques que señalan manejos oscuros en el Fondo de Inversión Social (FIS), debería exigirse que ese medio indique cómo y con qué mecanismo o a través de qué maniobra obtuvo copia de los movimientos bancarios de las cuentas donde supuestamente se vincula a Ernesto Pérez Balladares.

Peor aún es el caso legal per se: el ex presidente está en un estado de total indefensión, no existe un juez que vea su caso, de tal forma que no puede presentar una fianza y encima de todo, se le está acusando de una causa juzgada y prescrita, lo que los seglares dirían que es doble juzgamiento.

Los caricaturistas y glosistas han hecho fiesta por el hecho que el ex presidente esté en su acomodada residencia, donde todos conocen que no vive humildemente. Lo que no debe ser para nadie un secreto es que el padre de don Ernesto fue un conocido médico que, siendo oriundo de Nicaragua, construyó un respetable patrimonio en nuestro país, donde contrajo matrimonio con una distinguida dama chiricana y envió a sus dos hijos a las mejores universidades estadounidenses a educarse, y no precisamente con becas, y a su hijo mayor, ya casado y con una hija, le pagó dos maestrías —a una universidad a la que algunos de sus enemigos quisieran haber entrado o salido con la frente en alto— y encima, le regaló su primera casa en Obarrio. Mejor dicho, en buen panameño, “ no llegó limpio ”. Y con todo y eso, corren ríos de tinta indagando cómo un funcionario público hizo tanto dinero.

Para finalizar, aunque esto es apenas el principio, debe destacarse que el Ministerio Público no administra justicia, por lo que en el caso del ex presidente ha actuado con dolo. Como bien señalara el Ing. José Blandón, se ha judicializado la política. El resto lo dejo a la imaginación de mis lectores.