Por Mariela Sagel, La Estrella de Panamá, 29 de enero de 2017
Se deben investigar los proyectos en los que hubo sobrecostos y sus responsables y evaluar el riesgo de suspender o cancelar los contratos vigentes

 El escándalo de las coimas que pagó a funcionarios de tres administraciones gubernamentales (incluyendo a la actual) la empresa de construcción brasileña Odebrecht tiene a todo el mundo especulando y a otros temblando. En Perú, el presidente Kuczynski anunció que la constructora no seguiría haciendo los proyectos que ya se había adjudicado y en la República Dominicana se organizó una marcha multitudinaria. En Panamá marchamos unas 4500 personas (no las mil que reportó este diario). La de aquí congregó a muchos empresarios, señoras de la alta sociedad, profesionales y algunos grupos sindicales y movimientos sociales y políticos, pero no permeó a las clases medias bajas, que son al final las que se ven gravemente afectadas por la corrupción rampante que se ha adueñado de este país. Cuando los pobres entiendan que este flagelo les afecta a ellos porque les encarece la vida o les priva de tener acceso a servicios básicos, entonces saldrán a protestar. Mientras tanto, según se lee en un comunicado del Suntracs (el sindicato de los trabajadores de la construcción) parecería que los contratos que se ganó Odebrecht los están peleando los dueños de contratistas locales para quedarse con ellos.

Antes de la marcha, varias escaramuzas trataron de boicotearla: el lunes se conoció la noticia de que se le iba a conceder el solicitado depósito domiciliario y salida temporal de la cárcel El Renacer al exgeneral Manuel Antonio Noriega, donde está recluido desde que regresó al país en diciembre de 2011. A la fecha aún no se ha logrado cumplir con la orden de la Corte Suprema de Justicia y algunos malintencionados señalaron que su libertad se daba ahora que se había nombrado como ministra de Gobierno a quien es cuñada de la hija del militar. Era un afán por desviar la atención y hacer daño a una profesional que espero no deje mal al género al frente de ese cargo, y se aclaró que el Ministerio de Gobierno no otorga libertades o permisos a presos sino el Órgano Judicial. Después saltó la noticia de uno de los involucrados de otro de los más sonados escándalos de la administración anterior, había sido capturado por Interpol. Y finalmente, el presidente, en declaraciones en tono claramente alterado —se asemejó mucho a Nicolás Maduro en sus discursos populacheros— canceló su asistencia a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), después que ya había anunciado que iba.

El asunto no es tan fácil como reclama la procuradora, de que por medio de un acuerdo verbal Odebrecht va a devolver al Estado el monto que pagó en coimas. En lo que hay que profundizar y concentrarse es en auditar los proyectos desde el Sistema de Riego Remigio Rojas (2006) hasta la Línea 2 del Metro y la Renovación de Colón, incluyendo el diseño y construcción de las aceras en la ciudad (responsabilidad del Municipio) que suma unos $100 millones. El costo total de los proyectos que ha ganado Odebrecht asciende a $9226.60 millones. Se deben investigar los proyectos en los que hubo sobrecostos y sus responsables y evaluar el riesgo de suspender o cancelar los contratos vigentes sin que se perjudique onerosamente su ejecución y culminación. La actual administración del aeropuerto, por ejemplo, empezó coja porque la anterior arrancó la ampliación sin que conectara la nueva terminal con la existente (típica actitud de la gestión Martinelli para perjudicar a Copa) por lo que ya hay sobrecostos.

Debemos ser racionales y objetivos en medio de la pasión que nos ha llevado a estar hartos de tanta impunidad por causa de la corrupción. Hacer docencia en que si bien las coimas se las llevan los funcionarios que están en un puesto de mando en su momento, a la mayoría de los panameños nos aumenta la desigualdad, colocando al país entre los más desiguales del mundo, donde la riqueza suma al PIB y al índice de crecimiento, pero no llega a la gran mayoría de la población.

Y como cerecita del pastel, la procuradora —que más bien parece encubridora— dijo lacónicamente que su despacho ya no podrá seguir investigando el caso #PanamaPapers porque el Primer Tribunal Superior de Justicia ha recibido un amparo de garantías constitucionales para que entregue los documentos originales de la investigación. Mejor dicho, no habrá investigación y seguramente el señor Fonseca comprará un pastel más grande cuando se cumpla el año en que se dio a conocer este escándalo. Y lo anunciará cínicamente por Twitter.