Uno de los temas más urgentes y sensitivos que tiene el nuevo gobierno es el del Aeropuerto Internacional de Tocumen, por muchísimas razones, entre ellas porque es la puerta de entrada principal del gran volumen de turistas que se espera sigan llegando a Panamá. Desde allí funciona el Hub de la aerolínea panameña Copa y también es un paso de tránsito de muchos pasajeros, cuyo manejo ha sido cuestionado en forma enérgica por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional, creada por las Naciones Unidas para estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial, que tiene su sede en Montreal, Canadá). Tocumen se ha ido convirtiendo con el tiempo en una gran corporación y para muchos es desconocida la fallida independencia financiera que se le ha pretendido dar y de donde pueden emanar casi todos los problemas que confronta.

En febrero de 1999 culminó el proceso de preparación para la privatización del aeropuerto de Tocumen, habiendo presentado propuestas empresas de reconocido prestigio en el manejo de aeropuertos de España, Francia, Alemania, Austria, Italia, Canadá y EE. UU. La única propuesta que fue descalificada fue el consorcio que lideraba el Aeropuerto de Barajas (Madrid), porque presentaba un conflicto de interés, pues se había aliado a la familia Motta, que son los dueños mayoritarios de Copa. El acto de privatización estaba listo para realizarse en mayo de 1999 y la presidenta electa, Mireya Moscoso, le solicitó al presidente Pérez Balladares que le dejara llevar adelante ese acto durante su gestión, que empezaría en septiembre del mismo año, al que el presidente saliente asintió en un gesto de gran cortesía.

El tema quedó en el limbo y las empresas precalificadas esperando, hasta que en el 2002 se descartó definitivamente su privatización para convertir el aeropuerto en una corporación totalmente panameña, mediante la Ley No. 23 de 29 de enero de 2003. Esto traspasó la responsabilidad de su manejo a Tocumen S.A., desde la dirección de Aeronáutica Civil. Hago esta aclaración porque el jueves, en este mismo diario, una noticia señalaba que Tocumen se había privatizado.

Su junta directiva está conformada por varios ministros (de Economía, Presidencia) y personas allegadas al presidente de turno, el administrador de la Autoridad de Turismo, el/la contralor/a, un representante de los comerciantes del aeropuerto y uno de las líneas aéreas, además del director de Aeronáutica Civil. Ya sabemos que en la pasada administración el allegado al presidente, que ocupó puesto en todas las juntas directivas importantes, era el señor Francolini.

El Aeropuerto de Tocumen, por mucho volumen que alardee que maneja, presenta una imagen deplorable como entrada o paso obligado de nuestro país. Además de un ‘mall’ de mal gusto, con tiendas y quioscos sin control por todos lados, no hay un centímetro de pared que no sea ocupado por un aviso comercial. Ni hablar del tema de los maleteros que alquilan manualmente los carritos para colocar las maletas cuando uno llega, que, a través de años, ellos alegan estar en un litigio que no se subsana. Como está en obra permanente, por su descontrolado crecimiento, las incomodidades a veces son perjudiciales hasta para la salud. Entiendo que las concesiones para las tiendas que allí están son de un costo exorbitante y no presentan gran comodidad para el pasajero, aparte de las muchas ofertas que tienen. Los pasos mecánicos funcionan a veces y los baños no están necesariamente limpios ni son modernos. Pareciera que algunas facilidades importantes no tienen importancia.

Con una nueva administración en ciernes, sería aconsejable que este primer eslabón en la cadena que lleva a tener una buena imagen y atraer turistas, además de dar un buen trato a los que por aquí pasan, se tome en cuenta darle prioridad a las obras que van a mejorar el servicio y de la misma forma, atender las recomendaciones que ha hecho la OACI recientemente, que fueron descalificadas en forma grosera por el piloto aficionado que dirigía Aeronáutica Civil. De igual forma, que se vea transparencia en los procesos de licitación que se lleven a cabo y no se caiga en conflicto de intereses, nombrando parientes o afectos a uno u otro lado de los que más intereses tienen en ese aeropuerto. Y que las aerolíneas que más lo usan, paguen equitativamente por sus servicios.