Por Mariela Sagel, La Estrella de Panamá, 22 de enero de 2017

La palabra “antípodas” se define como que habita en un lugar del globo terrestre diametralmente opuesto al sitio donde habita el otro, o que se contrapone totalmente a alguien o algo.  Hace unos 4 años, Antanas Mockus, el mítico ex alcalde de Bogotá fue el editor de un trabajo auspiciado y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo titulado “Antípodas de la violencia”, donde se profundizaba en la relación entre cultura y seguridad ciudadana en ocho ciudades latinoamericanas, con diagnósticos y análisis, y las acciones para abarcar un concepto de cultura amplio y hacer valer el poder regulador que tiene esa palabrita que a veces se vuelve mortalmente amenazante porque muchos le tienen miedo, especialmente los políticos.  La presentación del libro dice, en un extracto: “La capacidad que tiene cada cultura de regular, interpretar y justificar o no ciertos comportamientos ofrece claves vitales para comprender y hacer frente a los problemas que confluyen en la actual crisis de seguridad ciudadana en América Latina. La impunidad cultural y la impunidad moral vienen a veces a sumar su efecto a la impunidad legal”.

Todo esto le cae como un guante a los hechos trascendentales que se han dado en Panamá en fechas recientes, y que han tenido reacciones contrarias a las acciones que debemos esperar como nación.  Inmersos en un escándalo más, esta vez el de la constructora brasileña Odebrecht, que resuena a nivel mundial, donde se señala que Panamá ha recibido 59 millones de dólares en coimas (la tasa per cápita más alta de la lista de los coimeados), la Procuradora General sale a declarar públicamente que ha llegado a un acuerdo “verbal y privado” con la empresa para devolver esos dineros al estado. Como si esos 59 millones no hubieran ido a parar a los bolsillos de los funcionarios que en determinado momento favorecieron contratos con esa compañía y no se deba castigar el hecho en sí. Más que procuradora, parece encubridora, y de esa manera se convierte en una antípoda de lo que debe ser como funcionaria.

Sobre ese mismo hecho, Movin, el movimiento que se constituyó en el brazo pseudo independiente de la campaña de Juan Carlos Varela para ganar la presidencia, le envía una carta exigiéndole que en este caso, el de Odebrecht, actúe en consonancia a lo que se comprometió y por las razones por las que ese grupo lo apoyó.  Hay que recordar que al menos tres de sus miembros fueron nombrados en puestos de gobierno, pero no en puestos sensitivos que pudieran inclinar la balanza a favor de hacer un buen gobierno. Indispensable el pronunciamiento que hicieron pero enseguida les salió la casi totalidad del gabinete con una carta que empezaba diciendo que su crítica era “desenfocada e injusta”.  Todo esto en medio de comunicados de organizaciones empresariales que incluso llegaron a expulsar de su membresía a la constructora brasileña.

Como éste es “un país en fiesta”, como reza el slogan de los carnavales, y donde un escándalo tapa a otro, todavía no se logra comprender y mucho menos la señora Canciller lo explica, que ella no respete el artículo 17 de la Constitución Nacional, que dice: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.  Parece que se saltó del 16 al 18 sin reparar que su gestión, como vicepresidente y canciller, la ha ensuciado al ser indiferente ante los serios ataques que ha recibido nuestro país en el último año.  En una entrevista grabada y televisada hace una semana, dijo de manera contundente que ella no iba a defender ante los Estados Unidos a nadie.  El Presidente Chiari, que rompió relaciones con el imperio en 1964 y muchos otros patriotas deben estar revolcándose en sus tumbas.

El poder de la ciudadanía se hace respetar, como se demostró en la consulta del proyecto para gastarse 35 millones en el Parque Omar, de la ciudad de Panamá. Ejerzamos ahora todo nuestro poder de convocatoria para que se aclare y castigue el caso de Odebrecht y la falta de cumplimiento de las obligaciones y responsabilidad de la cancillería para con los panameños.  Abandonemos el sillón donde tuiteamos a comodidad y salgamos a exigir explicaciones y que se nos respete ante cualquier agresión. Convirtámonos en antípodas de la sumisión.