Por años he sumado mi voz a la de los que exigen que el Estado panameño asuma, de una vez por todas, una política cultural cónsona con las realidades que se viven. Pareciera que es un problema del concepto mercantilista que se tiene como país de tránsito y crisol de razas, pero gestión tras gestión y Gobierno tras Gobierno hacen mutis del lado contrario a asumir una verdadera posición ante los retos culturales que se nos plantean. Es también una actitud temerosa, preferiblemente para tenernos a todos alienados haciéndonos ver que el asunto es de libertarios, sectarios y radicales. Se le tiene miedo al ser humano culto, porque sabe discernir y no se deslumbra o sucumbe ante espejismos de grandeza conseguida a través de corruptelas y coimas.

El Movimiento Ciudadano por la Identidad Panameña ha librado ya dos batallas y obtenido dos victorias: la de mantener como día de la soberanía nacional el 9 de Enero y el volver a impartir la enseñanza de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Y como en cultura nunca hay sosiego, pues los ataques siempre vienen de quien uno menos lo espera, ahora se prepara para una contienda muy compleja: la obligación que tiene el Gobierno actual (y a la que fallaron los anteriores) de definir el rumbo del Instituto Nacional de Cultura, que fue recientemente decapitado sin que a la fecha se explique por qué ni se intente recomponer el entuerto; la exigencia de una explicación de por qué se le regalaron a la Curia Metropolitana los terrenos donde están asentadas las iglesias que todavía son Patrimonio de la Humanidad en el Casco Antiguo —el resto del conjunto monumental se perdió por la permisividad de una exdirectora del INAC en complicidad con un ex ministro de Obras Públicas, a quienes el Ministerio Público todavía no ha llamado a juicio— y otras acciones que erosionan el débil sentido de pertenencia cultural que tenemos los panameños.

Es un escándalo de proporciones inauditas, pero acalladas, el hecho de las resoluciones de abril y julio de 2015 de la Autoridad de Administración de Tierras que traspasan a la Curia terrenos donde se asienta lo poco que queda de nuestro patrimonio. Lo han hecho con un mecanismo de relojería indescifrable, pero con propósitos indudablemente sospechosos. El presidente Varela y el arzobispo Ulloa están en la obligación de dar una explicación al país y al mundo. Panamá es un Estado laico y es impensable tanto como inaceptable que se le regale a la Iglesia Católica la Catedral Metropolitana y otros templos y de allí parte la morbosa curiosidad de que existen antecedentes de que la nación le ha regalado a la iglesia terrenos valiosos que han sido posteriormente vendidos con un usufructo millonario, como es el caso de la Nunciatura en Punta Paitilla, entre otros. Todo indica que la Curia ha puesto en marcha la recuperación de los terrenos que le fueron expropiados en el siglo 19. Como reza el comunicado hecho público recientemente por el Movimiento por la Identidad Panameña, ‘si fuéramos consistentes con este principio de recuperación histórica, habría que entregarles el Istmo de Panamá con todas las infraestructuras actuales a los pueblos originarios, ya que fueron los primeros en ser despojados de su territorio’.

Los panameños, sin distingo, vibramos ante un partido de fútbol que estuvo a merced de un árbitro tan corrupto y complaciente y hasta los periodistas y medios mexicanos pidieron perdón a Panamá por el agravio que se vivió en ese juego. Igual debería ocurrir con temas culturales. ¿Por qué no protestar ante el exabrupto de otorgar a una empresa extranjera la concesión de rescatar (y vender) los tesoros de un galeón español hundido en aguas territoriales? Creo que el asunto no es estar señalando a los ‘culturosos’ con etiquetas subversivas, sino entender que la cultura es una bandera que nos arropa a todos, tal como lo hizo la panameña con la selección que se fajó recientemente contra México.