MARIELA SAGEL
La Estrella, 20 de mayo de 2012
En un súbito golpe de timón, el ministro de Seguridad presentó los resultados de las cifras que lleva celosamente el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC). En dicho informe se manifiesta que el 49% de los homicidios tiene relación con temas sociales (riñas, violencia doméstica, peleas de barrio, venganza, hurtos) y el 17% está vinculado al crimen organizado.
Esto no guarda relación con el argumento que se necesitaba invertir en radares, lanchas rápidas y mapas digitales para resguardar a la población panameña y mucho menos en el énfasis que se hacía sobre la prevención para no llegar a ser escenario de las disputas entre los carteles de la droga. El país ha vuelto a militarizarse y hasta bases navales tenemos.
La directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, me hizo llegar un documento que propone estudiar las características de la criminalidad y la violencia, para luego establecer un plan de seguridad ciudadana. ‘Ese plan tiene que involucrar a las comunidades, los municipios, el Ministerio de Educación, las iglesias, los medios de comunicación y al sector privado’.
En 2009 propusimos, como aporte al plan de seguridad para el nuevo gobierno y con expertos como Rosendo Miranda, sacar de las calle a los delincuentes violentos y evitar a través de leyes y recursos económicos que los delincuentes violentos y peligrosos evadan el sistema a través de formalismos.
Igualmente debe haber una certeza del castigo y que éste sea ejemplar. Penas altas para crímenes violentos y de delincuencia organizada. Juicio a menores como adultos, evaluación periódica, a través de jueces de cumplimiento, para posibles libertades condicionadas en caso de rehabilitación comprobada.
Debe implantarse una atención específica y dura a la violencia intrafamiliar por parte de las instituciones que están encargadas de esto, y que sus representantes se dejen de estar saliendo a tirar besitos y se invierta en albergues para mujeres y niños víctimas de la violencia, en programas de rescate para los jóvenes que son víctimas de adicciones como la droga y el alcohol, invertir en la creación de más centros de mediación, crear la justicia comunitaria de paz que atienda eficientemente los conflictos de esa índole, e invertir en programas para la prevención de la violencia en las escuelas.
De querer tomar en serio la prevención de la criminalidad, el gobierno debería evaluar, como prioridad, la sobrepoblación de las barriadas marginales, la falta de infraestructura social básica en las áreas urbanas, el desempleo (aunque se llenen la boca diciendo que hay pleno empleo, cuando el informal rebasa el 40%), los salarios que no alcanzan a cubrir ya ni la canasta básica, mucho menos los servicios como agua y luz. También debe enfocarse en estudiar y prevenir la deserción escolar, para alejar a los jóvenes de las garras de las pandillas y bandas. Aplicar el concepto de tutela del Estado sobre los menores en riesgo social con recursos económicos adecuados.
Debe reforzarse la discrecionalidad en el expendio de licores y analizar bien los resultados de la ley zanahoria, que en un arrebato de venganza contra el entonces alcalde fue impuesta. No se trata de afectar a los comercios, lo que se tiene que garantizar es que nuestras calles sean más seguras, especialmente en la noche, haciendo una prevención social adecuada.
No escapa a todo este escenario la cada vez más alta mora judicial, donde los privados de libertad esperan por juicios y se produce un gran hacinamiento en las cárceles. Pareciera que la solución a esto es hacer más cárceles, cuando es todo lo contrario, resocializar y prevenir. El deporte y la cultura deben ser provistos con programas y políticas adecuadas para que sean instrumentos de paz. El caos en que vivimos diariamente, con los tranques, los ruidos y los altos costos elevan la agresividad. ‘Dense paso y be very happy’.
