MARIELA SAGEL*

He tratado de buscar una explicación, de donde viniera, y que fuera coherente, para entender por qué se eliminó el peaje en la autopista Arraiján—La Chorrera. En mis pesquisas logré información al respecto de que dicha obra ya se pagó y por eso no era necesario cobrar por transitarla, pero aún no logro hacerme con la información veraz y matemática que me justifique que no era pertinente esa operación o que los ingresos que devengaba ese rubro han sido sustituidos por otro.
La carretera en mención fue inaugurada en 1981 y permitió acortar distancias entre el interior y la capital. A principios de este año el gobierno suspendió el cobro de los 50 centavos que costaba transitar por la vía y estimó que fueron unos 70 millones de dólares los que se recaudaron durante los 28 años que se estuvo cobrando su tránsito.

Aún cuando la autopista fue una gran solución para los miles de vehículos que a diario la transitan y, especialmente, para las miles de personas que viven en las ciudades “ dormitorios ” en que se han constituido Arraiján y La Chorrera, su mantenimiento dejó mucho que desear. La vía de casi 21 kilómetros de largo costó, en su momento, 28 millones de dólares, pero hoy se estiman en arriba de 20 millones su completa rehabilitación. Mi interés es saber cómo se utilizaban los ingresos que generaba la autopista y por qué los mismos no fueron invertidos en darle mantenimiento.

Si bien, si uno paga por algo tiene derecho a exigir, ahora no tenemos a dónde ir a quejarnos si se nos parte el mofle en media autopista, aunque antes tampoco se nos ocurriera emprender semejante acción, por lo improductiva que pudiera resultar.

Sin embargo, los corredores (Norte y Sur), que han sido objeto de tantas críticas y temas de campaña, tampoco quedan exentos de estos pecados. Recientemente me pasó algo curioso yendo para el aeropuerto de Tocumen. Me adelanté al carril que da preferencia a los que portan las tarjetas pre pagadas y una operaria realizó la operación. Al responder a mi pregunta por qué la máquina no funcionaba —si uno tiene esas tarjetas se supone que es para ahorrar tiempo— me dijo que estaba fuera de uso desde hacía dos años. Entonces, también aquí estamos actuando con una total impunidad, dejando que la inercia nos mantenga chapaleando en la mediocridad. Si entregamos los corredores en concesión, debemos exigir que los mismos sean manejados con pulcritud y que todo funcione. Me dicen los que residen o trabajan en Costa del Este que la parte del viaducto tiene baches inmensos, problemas que suman al mal funcionamiento de los escáneres de las tarjetas de pago, por decir solo algunos. La autoridad de los servicios públicos o la Defensoría del Pueblo deberían incluir un estamento para quejosos y para dar seguimiento a que las infraestructuras se mantengan óptimas.

Desde hace unos 15 años la ciudad de Panamá cambió su fisonomía totalmente para ponerse al día en las infraestructuras viales: corredores, puentes y más recientemente una Cinta Costera han aspirado a ofrecer modernismo a una metrópolis con crecimiento desaforado y con cambios de zonificación antojadizos y cuestionados. No estamos marchando acorde con lo que estamos construyendo ni mucho menos manteniendo aquello que potenciaría al país como destino turístico. Desconozco cuál es la estrategia del ente encargado de construir estas infraestructuras ni cuáles van a ser las próximas en que se invertirá, pero sí estoy muy consciente de que haciendo las obras a última hora, para que quede como obra de una gestión de gobierno, no lleva a buenos resultados, sino a correderas contra el tiempo que crean suspicacia, deterioran la imagen que pueda tener quien las emprenda y, sobre todo, no nos permiten contar con la seguridad de que estas obras van a recibir el mantenimiento adecuado.