Montreal, Canadá—. Justo antes de viajar para cumplir compromisos familiares en esta estimulante ciudad canadiense, tuve el desagrado de ver en la televisión al impresentable exvocero del fugitivo del Atlantis (entiendo que ahora no se le puede ni mencionar al cobarde que corrió a exilarse en Miami) donde aducía que no había sustento en la denuncia por pinchazos telefónicos, porque lo que se hizo fue intervenir los correos electrónicos de quienes consideraba sus adversarios.

Lo malo de todo esto es que como no aparece la máquina pinchadora, que fue comprada a un costo altísimo con los dineros del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que estaba supuesto a resolver necesidades urgentes de poblaciones marginadas, seguramente seguiremos pinchados por los que la tienen y nuestro correos electrónicos intervenidos, a saber con qué propósitos aviesos.

En Canadá funciona con bastante eficiencia el Comisionado para la Privacidad (‘Privacy Commissioner of Canada’), una especie de ombudsman y oficial del Parlamento que reporta directamente al Senado. Tiene la misión de investigar las quejas de los ciudadanos y analizar si ha habido una violación al ‘Privacy Act’, la legislación que vela por la información personal de cada uno. Esto permite proteger al individuo y el Estado no solo en temas vinculados al mercado, sino también en la prevención del terrorismo, en un territorio tan vasto y tan rico en recursos naturales, industriales y otros, como es éste país del norte.

Así como en Panamá se debe estar atento a los movimientos de narcotraficantes y lavadores de dinero y hasta terroristas, vigilándolos en todas sus escaramuzas mientras estén en territorio panameño, también se debe estar alerta en que la información que recaban los estamentos de seguridad no vayan a violentar la vida privada de los ciudadanos y tampoco atenten contra el derecho al comercio y la competencia, como se hacía en los tiempos del innombrable, que como tenía toda la información a la mano, se daba el lujo de comprar acciones, venderlas, traspasar dinero y atacar a sus competidores por el simple hecho de obtener la información en forma delictiva.

Si la denuncia que presentó el fugitivo del Atlantis ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue acogida, la misma suerte deben tener las acciones que adelantemos los más de 150 personas que fuimos ‘pinchados’ por el Gobierno anterior, que justificaba sus actos de la forma más bochornosa: aduciendo que estaba verificando que su esposa no le fuera infiel con otro. Al ejército de abogados del cobarde que se autoexilió en Miami solo le falta integrar a la Dra. Ana María Polo para que esté completo el equipo.

Volviendo a Canadá y su oficina del Comisionado de Privacidad, las leyes aquí están enfocadas en asegurar que los individuos tengan control sobre su información, incluyendo quién la pueda tener y qué uso le pueden dar. Como tal, el Gobierno —salvo en ciertas situaciones excepcionales, incluyendo investigaciones criminales o de seguridad nacional— no puede obtener información personal sin el consentimiento del individuo ni puede compartirla sin su aprobación, mucho menos utilizarla para un propósito distinto al del que se obtuvo. Esta entidad tiene más de 30 años y está en vías de ser actualizada. El Gobierno del primer ministro Stephen Harper está por pasar una ley que legalizaría los pinchazos en ciertas situaciones, y el proyecto ha sido fuertemente criticado, incluso por el Comisionado de la oficina a la que me he estado refiriendo en este artículo.

Es importante resaltar que en materia de privacidad en Canadá hay una ley para el sector público (‘Privacy Act’) y otra para el privado (‘Personal Information Protection and Electronic Document Act’, PIPEDA). Qué lejos estamos en Panamá, con tanta bonanza aparente y tan poco territorio, de tener leyes equitativas que protejan los derechos de los ciudadanos de los abusos de poder y la locura de los gobernantes.