Por Mariela Sagel, La Estrella de Panamá, 12 de marzo de 2017

La Asamblea Nacional de Diputados ha sido el centro de la más reciente turbulencia política, por unos “donativos” que resultaron en falsas ayudas, que obligaban a las personas que recibían los cheques a cambiarlos y a la salida del banco, un funcionario de esa institución los esperaba para quitarles el monto y darles una “propina”.  No debería extrañarnos que el Palacio Justo Arosemena siga siendo foco de escándalos.  De todas las instituciones panameñas, la más desprestigiada es ésa, y eso que la Corte Suprema compite por estar en la delantera.

Nuestro país está convulsionado por el tema Odebrecht y encima, suceden tragedias como el accidente de bus que dejó un saldo de 19 muertos y el ahogamiento de las niñas que se dirigían a una escuela rural.  La condición de salud de Manuel Antonio Noriega no escapa a la atención –y al morbo— de todos.  Todas estas “distracciones” intentan desviar la atención de lo medular: las instituciones están en crisis y siendo ellas la base de la democracia, enfrentamos un serio problema como país.

La Asamblea aborda temas tan dispares que siempre superan la capacidad de sorprendernos.  Un diputado con antecedentes cuestionables sugiere que se regule a los medios de comunicación para que cada cierto tiempo inserten en su programación mensajes cívicos y culturales.  Si esa iniciativa viniera de alguien que ha demostrado que le interesa el nivel cultural de este pueblo podría considerarse válido, pero las cosas se toman dependiendo de dónde y de quién provengan.  Es el cuarto o quinto intento de esta legislatura por meterle la mano a los medios y a la libertad de expresión.  No sabemos por dónde vendrán los tiros la próxima vez.

Las reformas electorales están siendo debatidas bajo serios cuestionamientos y el Tribunal Electoral, que después de la invasión se erigió como el más respetado y creíble de las instituciones panameñas ha mostrado un contubernio sospechoso con la Asamblea, lo que no es buen augurio.  Recordemos que la representación de los partidos políticos en este país es a través de ese órgano del estado, por lo menos para la percepción y comprensión de la mayoría de la población.

La sociedad civil, que ha querido que se le tome en cuenta, no logra entrar en este círculo cerrado y de allí que las reformas que con tanta dedicación se trabajaron por meses, hayan sido otra vez burladas –igual que hizo el gobierno anterior – sin tomarlas en cuenta.

Con tanto lío, tantos escándalos, tan poca acción de parte de los responsables de echar a andar este país, estamos atomizados sin lograr consensos.  Las declaraciones de Fonseca Mora hace un mes, que todos pensaban serían el “trigger” para que la gente tome conciencia de los graves problemas que enfrentamos, no han pasado de ser otro albur.  Todos los días sale un nuevo señalamiento de empresas o personas que fueron tocadas por la constructora brasileña Odebrecht y se van olvidando los escándalos anteriores, sin que se sepa en qué quedaron.  La lista de casos es cada día más larga, empezando por conocer el paradero del ejecutivo de la empresa Financial Pacific, Vernon Ramos, que desapareció misteriosamente hace más de cuatro años y el posterior involucramiento de esa firma en escándalos de corrupción que no logran aclararse.

Somos, como dice el slogan de carnaval, “un país en fiesta”, pero de forma permanente.  Un escándalo tapa a otro.  El Presidente de la Asamblea anuncia que formará una comisión para investigar los donativos que ascienden a 14 millones de dólares en su gestión, y todos sabemos que la forma más eficiente de matar un caso es formando una comisión sobre el tema.  Si no lo creen, Joseph Stigliz y Mark Pieth podrán ampliar más porque estuvieron brevemente en la que formó el gobierno nacional después del escándalo de los Panamá Papers y se frustraron por la falta de voluntad de hacer cambios reales.

Si se sigue la ruta del dinero, allí se encontrarán los delincuentes.  Ya se ha comprobado con los donativos de la Asamblea, con las reformas electorales, que le asignan cantidades verdaderamente escandalosas a las campañas y todos los casos de corrupción que se ventilan a diario, y parece que no quedan en nada.  Toca esperar a junio, cuando se revelen los nombres de las personas y empresas a quienes Odebrech sobornó, y después de esa fecha, será mejor cerrar el país y tirar la llave al mar.