El accionar público La ética y la política Opinión Panamá Publicado en La Estrella de Panamá

Estadísticas maquilladas

MARIELA SAGEL

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La Estrella de Panamá, 21 de Agosto de 2011

Es muy probable que los que no somos legos en leyes nos asustemos con los términos legales; así como a los que no hemos estudiado economía, nos parezcan cosa de extraterrestres el analizar las finanzas, pronosticar una desaceleración o vaticinar un crecimiento. Pero para todo hay expertos, lo que debemos es tratar de entenderlos.

Estuve la semana pasada asistiendo en El Cañonero a intentar llenar la ausencia temporal de Andrés Vega, que gracias a Dios viene totalmente reconstruido en los próximos días, e invité a mi profesor de maestría y destacado economista, Horacio Estribí, a tocar el tema de la importancia de comprender por qué no hay que sobrecalentar la economía y lo que hay detrás de las finanzas maquilladas que nos presenta el gobierno. No se puede entender que el país reciba altas calificaciones como destino de inversión, pero persista una economía informal de 41%. Que se compren los corredores cuando no hay urgencia de hacerlo, desviando sumas importantes que han debido destinarse a reparar las escuelas, o dar un adecuado mantenimiento a los centros hospitalarios, que cada día nos dan un sobresalto más. O que se diga que nuestras calles son más seguras hoy y amanezcan dos jóvenes abogados ‘ejecutados’ en plena vía pública, o un cuerpo partido en cuatro en una maleta.

La enriquecedora conversación que sostuvimos los conductores del programa con el economista Estribí nos indicó lo importante que es conocer la realidad que vivimos. No podemos pretender ser un destino turístico o de inversión, si no ofrecemos tres garantías básicas: una educación adecuada a la población, un sistema judicial aplicado correctamente y, sobre todo, la seguridad en las calles, en las casas y en nuestros entornos.

Es entonces que nos percatamos con que nos han estado metiendo cuentos. Que por un lado el Ministerio de Seguridad, un cuasi resurgimiento de las Fuerzas de Defensa, repite que en Panamá han disminuido los homicidios estos dos últimos años, y por el otro se conozcan estadísticas, especialmente de un diario hermano de éste, que son la referencia obligada, aún para los que tenemos un atisbo de conciencia de cuán inseguras pueden ser las estadísticas mal manejadas.

El gran problema radica en que la percepción de la seguridad en las calles, los atracos por un celular o un collar, no atina a identificar que la delincuencia común ha sido desplazada por el crimen organizado. Dos gestiones gubernamentales han basado su estrategia de campaña en más seguridad y poco se ha cumplido. Cuando el gobierno anterior se aprestaba a ordenar la casa reglamentando mediante decretos ley ese espinoso tema, muchos pegaron el grito en el cielo y, del fondo de una gaveta escondida, le desempolvaron al ministro de turno un caso prescrito, para sacarlo del paso. El resultado ha sido que el gobierno actual no solo no derogó los decretos ley —con excepción del de seguridad, por aquello de los pinchazos y el morbo, supongo— sino que los ha adoptado, pero sin resultados, hasta ahora, favorecedores a la población, que se ve enlutada a cada rato.

A veces se pierde mucho tiempo en oponerse por el prurito de oponerse. Si hoy día se quisiera volver a plantear una reforma a la educación como la del ‘79, y se quisiera imponer —ya sea por contratación directa o sacándola del presupuesto, como han demostrado estos dos años de locura que es la fórmula de cómo se cuecen las habas— lo celebraría, porque nuestra educación se quedó en esa década y nadie ha podido moverla de su inanición. Si esos decretos ley no hubieran sido tan vilipendiados en su momento, le hubiéramos ganado unos metros de carrera al narcotráfico. De la misma forma que si se hubieran tomado las precauciones necesarias no habría más de medio centenar de muertos por la contaminación de una bacteria, que tal pareciera que para erradicarla, se quiere matar al mensajero y no al mensaje: tumbando el hospital. Si comparamos los costos, ¿no hubiera sido más económico darle mantenimiento a las actuales estructuras que tumbar el salón contaminado? ¿No sería más sensato invertir en prevención que construir una ciudad hospitalaria, a un costo exorbitante?

Y para remate, ¿no sería mejor saber las verdaderas estadísticas de criminalidad para no especular a dónde se están yendo los millones que se invierten en las actuales bases y centros militares? Considero que todos merecemos conocer la verdad de esta realidad que nos agobia.