Mariela Sagel

La Estrella de Panamá, 2 de marzo de 2014

He quedado sorprendida de unas estadísticas que me mencionaron recientemente, en el que supuestamente en Panamá existe una persona con discapacidad por cada 4 panameños.  Claro que la discapacidad de la que se habla no es con la que un niño nace, o es causada por un accidente, sino la suma de las que se van adquiriendo con la edad, con la pérdida de las facultades y hasta con la evolución de enfermedades y dolencias crónicas de la vejez, como el Alzheimer. La diabetes también está en esta ecuación. Informes técnicos señalan que el término discapacidad es el que incluye las personas que se valen de medios alternos para movilizarse (léase muletas, sillas de ruedas, bastones), los que sufren de ceguera, sordera, mudez, limitación comprehensiva, dificultad en el habla y el retraso mental, entre otras.

Un estudio del Ministerio de Economía y Finanzas, emitido durante esta gestión, menciona que la ley No. 42 del 27 de agosto de 1999 define la discapacidad como “una alteración funcional, permanente o temporal, total o parcial, física, sensorial o mental, que limita la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considere en el ser humano” y luego pasa, olímpicamente, a una supuesta política de discapacidad que se elaboró en 2009 por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), desconociendo todo lo que se realizó durante el gobierno del Presidente Martín Torrijos en este sentido.  Lo cierto del caso es que el SENADIS no ha funcionado en este quinquenio y de allí que el tema de inclusión a las personas con discapacidad ha dejado de ser importante.

El informe al que hago mención se basa en el Censo del 2010, el que todos estamos conscientes que aún no sabemos ni los resultados y ni siquiera si podemos confiar en ellos.  Por tal razón he recurrido, para tratar este tema, al informe técnico en el tema de discapacidad del Plan de Todos, liderado por Gabriel González, que le ha dado una verdadera vuelta de tuerca a cómo tratamos a aquellas personas que muestran a lo largo de su vida, un impedimento que les permita vivir normalmente, con todas las oportunidades que ofrece el entorno, conviviendo en igualdad de condiciones con todos los que le rodean.

Una vez se superó, en la década de 1990, el modelo que consideraba la discapacidad como un problema médico personal directamente causado por una enfermedad, se fue hacia el modelo social, que lo hace desde el punto de vista de la integración, de las personas con discapacidad en la sociedad.  El resultado fue la ley que menciono anteriormente y la magnífica gestión que ante el tema de inclusión y discapacidad, desplegó la Primera Dama Vivian de Torrijos.

Con posterioridad, el asunto ha ido perdiendo vigencia y ahora ha sido abordada de una manera científica y técnica por profesionales a los que les interesa trabajar en una verdadera política de inclusión, en todo el sentido de la palabra.

Nuestra sociedad es un mosaico de ideas, de personas que aportan en la medida de sus capacidades, a que crezca.  Los que sufren de alguna discapacidad deben tener todas las oportunidades de integrarse al crecimiento que se muestra orgulloso en las estadísticas del país.  Lo más visible en términos de adaptaciones y facilidades es apenas símbolos de que tenemos conciencia que existen personas menos favorecidas, como pueden ser las rampas, los estacionamientos o los intérpretes gestuales en los medios de comunicación.  A nivel nacional debe adoptarse una verdadera política de inclusión que comparta el tema seguridad, laboral, salud y sobre todo educación y cultura, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Quién quita que mañana seamos nosotros los que caigamos en esa estadística.