En mi espacio dominical en La Estrella de Panamá hice un recuento de la actual situación de las cárceles en nuestro país, según la Clínica de Stanford, la Facultad de Derecho de la universidad de ese nombre que está ubicada en el estado de California.

Detallaba el informe de esa entidad que la mora judicial y el hacinamiento van en aumento y que cualquier audiencia para lograr una sentencia tiene de por medio un costo. Que los internos están armados y ocurren muchos asesinatos casi semanalmente.

Una manera muy justa en que se puede prevenir lo anterior y que está contemplado dentro de la ley que rige actualmente es que la detención preventiva tenga un límite, lo que no solo agilizaría los juzgamientos, sino que otorgaría medidas cautelares que los jueces y fiscales no se atreven a dar ahora (o no quieren dar sino existe una coima de por medio).

También hace énfasis el informe, que está siendo presentado en estos días ante la Comisión de Derechos Humanos en Washington, que en Panamá se destinan demasiados presupuestos para construir más cárceles, cuando se deberían invertir esos dineros en capacitar personal penitenciario y mejorar la justicia, activar el Sistema Penal Acusatorio, implementar en conjunto con el Ministerio Público el programa de brazaletes electrónicos y otros que disminuyan el hacinamiento. No nos van a juzgar como un país con grades desarrollos si mostramos grandes cárceles, eso se traduce en un fracaso en la aplicación de la justicia.

Como país de tránsito y más con el paso y trasiego de la droga, son muchos los internos que tienen otra nacionalidad. Algunos tratados bilaterales con estados como Colombia obligan a cargar con esos presos hasta que cumplan los 2/3 de la pena, para después reservarse el derecho a escoger a quiénes se llevan. Este tipo de cláusula debería ser revisada puesto que no es justo que por haber sido capturados en nuestro suelo, tengamos que cargar con el coste que eso significa para el erario. Que se lleven a sus nacionales apenas delinquen porque muchas veces, lo hacen por motivos transeúntes, es decir, el origen del crimen no es local.

Este problema carcelario es dramático, destroza familias y es una carga muy grande para todos. Los presos son personas que comenten actos a todas luces censurables, pero no por eso deben vivir en condiciones infrahumanas. Somos indolentes ante ellos y eso debe cambiar para que podamos ser más sensibles a los daños que esta negligencia le causa a la sociedad.