Ahora se destapa el asunto frente a la realidad de que ni la mitad de esos radares están o han estado operativos

Desde fines del año 2011, tan pronto se dio a conocer la adquisición de radares por parte del Ministerio de Seguridad –que venía negociando con una empresa italiana desde hacía más de un año— empezaron los cuestionamientos sobre la conveniencia de esta compra, su alcance y la falta de transparencia que rodeaba la transacción. Alegando que la divulgación de los detalles del contrato era ‘asunto de seguridad’, se la pasaron el resto de la gestión, metiéndonos gato por liebre.

Ahora se destapa el asunto frente a la realidad de que ni la mitad de esos radares están o han estado operativos, ni remotamente estarán. Y el consorcio que los vendió alega que no tiene responsabilidad sobre su funcionamiento, pero ya cobró sus dineros, que no fueron unos miles, sino millones de dólares.

Cada día se destapa una arista adicional de este problema, que no solamente afecta nuestra seguridad nacional, sino las finanzas del Estado y, peor aún, la confianza que se debe tener en los funcionarios, que son los que deben hacer las contrataciones públicas, siempre poniendo por delante los intereses del país y sus ciudadanos, no los propios, que se han traducido en negociados, actos de corrupción y coimas millonarias.

Pareciera que esto no tiene fin, y apenas empieza. El exministro de Seguridad alega que todo estuvo en orden cuando se hizo la licitación y le pasa la responsabilidad a otro, y así se la siguen pasando hasta llegar a los que deben tomar acciones legales que, para rematar, no confían ni en la procuradora ni en el presidente de la Corte (y con razones plenamente justificadas). Lo que veremos al final es que nos quedaremos sin radares ni protección y cuidado lo que veremos es un campo de estos aparatos tecnológicos, llenos de maleza y sin uso, con criaderos de mosquitos y los millones de dólares que costaron estarán en los bolsillos y las cuentas bancarias de quienes negociaron su compra.