Por Mariela Sagel, 6 de enero de 2019, La Estrella de Panamá

     Como la rumorología se ha convertido en el plato fuerte de cada día, desde hacía semanas se comentaba que se iba a dar un golpe de estado al Órgano Legislativo en ocasión del último –a Dios gracias— mensaje a la nación por parte del presidente Varela.  Es el último porque ya se le acabó la fiesta de diez años en el poder y gracias a Dios porque el país ya no aguanta más.

     El 2 de enero, tradicionalmente, el presidente da un discurso desde el hemiciclo legislativo para hacer un balance de su gobierno y deberían estar todos los funcionarios de alto rango presentes, sobre todo los que integran la tercera pata de este sistema democrático, la Corte Suprema de Justicia.  En una actitud de supremo irrespeto ni el presidente de ese órgano, ni el que no se pierde entierro de paloma ni bautizo de muñeca y el resto de los impresentables que la conforman actualmente asistieron.  El único que honró su cargo fue el magistrado Abel Zamorano, que espera pacientemente desde hace más de tres años que lo ratifiquen como principal.  Tampoco asistió el Contralor, con el que la Asamblea Nacional mantiene una abierta confrontación por querer (este último), un poco tardíamente, meter a esos insurrectos diputados en cintura auditándoles unas planillas cuetionadas.

     Pero el segundo día del año 2019 amaneció con un ambiente enrarecido, las unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) –que es el cuerpo de seguridad encargado de brindar protección al presidente de la República, sus ministros y expresidentes— tenían sitiado el Palacio Justo Arosemena (desde donde funciona la Asamblea Nacional) y los controles de acceso se habían hecho acuciantes.  Muchos de los diputados manifestaron en las cámaras de televisión de los medios que cubrían el acto su sorpresa y molestia ante esta situación.

     En lo que avanzaba la mañana y se procedía a completar el quorum para darle a conocer al presidente que ya podía dirigirse hacia la Asamblea, las medidas de seguridad se fueron relajando o, mejor dicho, fueron retiradas las unidades armadas del SPI y la seguridad del órgano legislativo retomó control.  ¿Qué pasó y por qué?  No lo sabremos.  ¿Había intenciones de dar un golpe al legislativo? Si ésas eran las intenciones, como todo lo que ha hecho este gobierno, estaba planeado de una manera muy chapucera.

     El esperado (y desesperado) mensaje del presidente no satisfizo a nadie, como era previsible, y la baraja bajo la manga que llevaba, el de proponer una quinta papeleta para que sea incluida en las elecciones del 5 de mayo fue otra chambonada que al día siguiente se le devolvió como una mueca al mandatario.  Muy orondo se fue a entregar la nota donde pedía al Tribunal Electoral su opinión sobre esa posibilidad y más rápido que corriendo esta entidad, que ha estado bajo serios cuestionamientos recientemente, le contestó que solamente se podría hacer si es “si la Asamblea Nacional expide una ley y faculta al Tribunal Electoral a proceder en dicho sentido”.  Pero antes de eso, el Consejo de Gabinete debe aprobar ese proyecto de ley y entonces presentarlo a la Asamblea Nacional.

     La otra arista del tema es que no es vinculante.  Eso quiere decir que no importa. Una votación no vinculante no tiene casi sentido, aunque la población tuviera mayoría en algo, no se realizaría.  Así que fue otra vil cortina de humo.

     Independientemente de esos desaciertos, los que son algo usual en esta gestión, que tienen el fin intrínseco de desviar la atención y, sobre todo, que nos olvidemos de las promesas incumplidas de la gestión Varela, algo que prendió mis alertas fue que el presidente, al referirse a su gestión, dijo, en un “lapsus mentis”, “en estos diez años”.  Lapsus mentis (según Wikipedia) o «resbalón de la mente» son olvidos (generalmente momentáneos) o equivocaciones al intentar recordar.  Usualmente se dan cuando el inconsciente se manifiesta y es así como el presidente acepta que ha estado en el poder por 10 años (los 5 que fue vicepresidente de Martinelli, y estos 5 en el que ha fungido como presidente).  Lo mismo que le pasó al candidato a presidente de su partido, que dijo que los aportes de Odebrecht eran “coimas” e inmediatamente quiso corregir aduciendo que eran donaciones.      Tanto que se criticó al ex presidente Martinelli de usar los recursos del estado para hacer campaña del candidato Arias en las pasadas elecciones, y el alcalde de la ciudad sigue, desde su posición de burgomaestre, haciendo proselitismo con los recursos del estado.  La infantil declaración de introducir una quinta papeleta en las próximas elecciones y que ésta no sea vinculante es un irrespeto más a la población, así como el velado uso de los recursos del estado para la campaña del candidato del oficialismo.