Hasta ahora, las investigaciones que se han abierto contra funcionarios del pasado Gobierno han girado en torno al manejo irregular que dieron (los que están presos, los que tienen país, casa y hospital por cárcel) a los ilimitados fondos que tenía el Programa de Ayuda Nacional (PAN), asignado al Ministerio de la Presidencia. La última medición que recuerdo iba por la suma de $1400 millones. Parece que el país tiene también recursos ilimitados y no precisamente han sido usados para darles agua a las comunidades que viven como gorgojos, no muy lejos de los edificios que impresionaron tanto al periodista Andrés Oppenheimer.

A pesar de que la ex ministra de Educación fue de las primeras que fue conducida a la Fiscalía, no se invirtió en educación, y estamos sufriendo los estragos de tener una población con una formación deficiente y una deformación posiblemente irreversible. Decía recientemente Arturo Pérez Reverte en una entrevista: ‘Antes teníamos excusa, antes el pueblo era inculto porque no tenía más remedio ni medios para ser culto. Entre el trono, el altar y los poderes nos mantenían analfabetos, esclavizados y sin criterio político. Ahora hay Internet, hay periódicos, la educación es obligatoria. Ahora, el que se pone a ver la televisión y ve un culebrón o el que coge un diario deportivo y no un libro es porque quiere. Hoy el analfabeto es quien quiere serlo’.

El castigo a la titular de Educación no fue porque descuidó su gestión en el tema, sino porque permitió que comida deshidratada vencida, mezclada con vidrio y quién sabe qué otras sustancias, llegara a las bocas necesitadas de los niños que en su casa solo les dan agua con azúcar para sobrevivir. Ése es un crimen de lesa humanidad, como otros que llegaron a cometerse en el quinquenio pasado.

Sin embargo, pareciera que la justicia se ha quedado como un carro al que se le traban los cambios, y no avanza. Además del PAN hay mucho que investigar y se tiene la sospecha de que no se quiere pasar a otras instancias, porque eso involucraría a personeros del actual Gobierno. Allí está lo de Cobranzas del Istmo, escandaloso y con indicios que fue un contrato para beneficiar amigos. Sigue en el limbo lo de Financial Pacific y pareciera que a nadie le importa si Vernon Ramos está muerto y qué fue lo que pasó en esa casa de valores.

Nuevos escándalos surgen a diario y no hay ya para dónde mirar que no se ventile un caso feo de corrupción. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, acusado de vender fallos y pedofilia, se aferra al cargo, cuando el gran favor que le haría al país sería que renunciara. Le faltan siete meses para que se le venza el término. Igual ha pasado con un magistrado del Tribunal Electoral, que, en una desacertada carta de mea culpa, aceptó que ‘por amor familiar’ había empleado a muchos parientes para después desesperarse ante el acoso de los periodistas. Los funcionarios no conocen la palabra dignidad y si cometieron un error, pedir perdón y decir ‘chao’.

Todas las instituciones del Estado estuvieron tocadas por la mano corrupta del loco que escribe sus memorias en Miami, y que no piensa volver, a menos que lo pongan de patitas en la frontera. Y hay varios funcionarios con sangre en los ojos y afán de protagonismo que bien pudieran hacer valer lo de ‘el que la hace la paga’. Allí está la Fiscalía de Cuentas, que tiene 102 empleados y que no supimos hasta hace poco que tenía un titular. Démosle la oportunidad que haga su trabajo.

Y sería de justicia que se le devolviera la cátedra al Prof. Miguel Antonio Bernal. La Universidad de Panamá no está para tafetanes y es de justicia que este dedicado docente vuelva a las aulas.