Por Mariela Sagel, El Siglo, 6 de febrero de 2017

La Asamblea de Diputados cada día cae en más descrédito.  Las veces que se reúnen, cuando logran hacer quorum, discuten de leyes de tan relevancia como la del violín, que acaban de aprobar y postergan el debate de la cuestionada ley 245, o delación premiada (que para muchos es un pase de impunidad en medio de los escándalos que se están dando) y las urgentes reformas electorales.

No comprendo muy bien si la forma en que se está manejando la asamblea es para distraer la atención de la grave crisis de gobernabilidad que está atravesando la gestión actual que, a pesar de subir y bajar santos, no hay semana en que no se destape un tamal, cada uno más complicado que el otro.  El tema de Odebrecht, que ha suscitado el resurgimiento de un movimiento que si bien no es popular, sí está compuesto por un abanico de sectores de la población que son representativos del querer de la mayoría, no logra aterrizar, las autoridades se pasan la bola una a la otra y no se abre una investigación seria que involucre a los tres gobiernos que han hecho negocios con la empresa constructora brasileña, el de Martín Torrijos, el de Ricardo Martinelli y el actual, de Juan Carlos Varela, incluyendo los que avanzó el alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón.

Los índices de crítica, popularidad y aceptación de este gobierno han caído a niveles históricos y al lado de esta gestión, la ex presidenta Mireya Moscoso es una estadista.  En todo han fracasado y por tener conflicto de intereses los miembros del gabinete con los que son señalados en escándalos, la tapadera sigue y se extenderá y finalmente, no pasará nada.

Por lo menos hay una luz en el camino: el Congreso Ngabe en pleno aprobó el acuerdo sobre el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, suscrito entre el gobierno y los caciques. Cuando se cancelen las deudas, los ngobes recibirán los beneficios que les deben tocar.