MARIELA SAGEL

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La Estrella de Panamá, 5 de enero de 2014 

Este comienzo de año ha sido accidentado, porque el final fue tumultuoso y precipitado. De un plumazo cambiaron los llamados padres de la Patria el régimen fiscal territorial y el presidente, tan reticente a firmar la Ley 118, que decretaba el 9 de Enero como ‘Día de la Soberanía Nacional’, firmó sin asco este cambio, poniendo al país en una posición innecesariamente delicada.

Como ese arrebato no le duró ni 24 horas, ya deben andar los solícitos diputados elaborando la forma en cómo lo van a derogar. Si no pasaron por Gabinete (según el ministro Mulino) los artículos que se colaron, y los aprobó la bancada oficialista, habría que solicitar una lista de quiénes fueron los irresponsables diputados que se prestaron para discutir este exabrupto y a través de quién fueron presentados en el pleno.

De la misma forma nos conmocionamos con la noticia que el contratista de la ampliación le daba 21 días a la Autoridad del Canal para pagar unos «ligeros» sobrecostos de mil seiscientos millones de dólares. Ni en 40 años ni en 100 años el Canal se ha visto tan amenazado ni tan en boca del mundo entero ante esta temeraria notificación. Todos los panameños debemos sumar esfuerzos en respaldar a la ACP, especialmente en estos momentos.

La semana conmemora una fecha importante, los 50 años de haber ocurrido la gesta heroica del 9 de Enero, cuando un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, con la única arma de una bandera, se enfrentó a los zonians (nombre dado a los que nacieron y vivieron en la Zona del Canal) a tal punto que el presidente de esa época rompió relaciones con los Estados Unidos en una actitud patriótica.

Pero también el 9 de Enero se cumplen tres años de la horrenda matanza que perpetraron los policías que custodiaban el Centro de Cumplimiento de Tocumen, muriendo cinco jóvenes encerrados en una celda que cerraron a propósito, y dos sobrevivieron con heridas permanentes, tanto en su cuerpo como irremediablemente en su alma. Son 12 las personas imputadas por este caso doloroso, nueve policías y tres civiles. Los nueve policías siguen gozando del blindaje que les proveyó la Ley 74 y realizan trabajos administrativos en los cuarteles. Los otros tres, la directora y un custodio civil tienen casa por cárcel por razones de salud y solo un custodio está detenido preventivamente.

Actualmente el estatus jurídico del caso es que la audiencia había sido programada para el 8 de octubre pasado, y se pospuso porque el término de pruebas estaba corriendo y las partes estaban por aducir pruebas. Encima de todo y para variar, por parte de la Corte Suprema de Justicia, sala de lo Penal, no se ha resuelto una apelación contra un incidente de controversia promovido a favor de la que fungía como directora de ese centro. A la fecha, el tribunal encargado o asignado a este caso no ha revisado las pruebas aducidas por la defensa ni la querella, y se ve muy lejana una programación de la audiencia.

Todos recordamos la saña y alevosía con que esos policías tiraron los mechas para que se prendieran las celdas donde estaban estos muchachos, algunos a punto de salir por haber cumplido sus condenas. La negligencia que mostraron las autoridades de salud, que olvidaron guardar en frío el cadáver en hilachas de uno de los chicos calcinados y les fue entregado a los familiares en una fétida bolsa de basura es un recuerdo imborrable. Y para todos debe estar muy presente la cruzada que libramos varios ciudadanos a favor de esta causa, realizando marchas, colectas y protestas, con la única respuesta de parte de las autoridades del pago de las vendas de uno de los sobrevivientes. Va siendo hora que se vaya aclarando el asunto y se lleve a los responsables, desde las más altas autoridades, a la condena de este acto que no se puede volver a repetir.