Por Mariela Sagel, La Estrella de Panamá, 1 de septiembre de 2017

Terminamos una semana en la que hemos tenido de todo: una lánguida e inentendible declaración de la Procuradora de la Nación aludiendo a que recibía presiones de empresarios, medios de comunicación y otros poderes (sin identificarlos) para que queden en la impunidad casos de alto perfil que se están investigando, y alrededor de los cuales se han invertido ingentes tiempos y esfuerzos, para llevarlos a condenas.  En países con otra cultura política, después de semejantes declaraciones, lo que sería digno para el/la funcionario/a que denuncia estas presiones es renunciar.  Pero no acababa de dar la Procuradora sus declaraciones, cuando el ex ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, anunciaba mediante una conferencia de prensa, que desde abril, la Corte Suprema de Justicia falló para que se desestimaran todos los señalamientos que lo habían mandado a la cárcel por el tema de la compra de los radares y la relación con la empresa Finmecánica y que le causaron una seria lesión al estado,  por faltas de la fiscal al debido proceso y al cumplimiento de los tiempos estipulados por la ley. Primer caso de alto perfil que sale impune.

Según el argot político, la resistencia pasiva “es una de las variantes que puede asumir el derecho de resistencia de los pueblos ante el abuso autoritario”.  Esa táctica la usó de manera exitosa Mahatma Gandhi (1869-1948) contra las fuerzas colonialistas inglesas en la India en 1913 y entre nosotros, seguramente hemos vivido y experimentado en asociaciones, en grupos gremiales y hasta en la propia familia, actitudes de resistencia a las iniciativas que uno emprende, no dejando que las cosas fluyan, pero no oponiéndose abiertamente.  En el caso de Panamá, la resistencia pasiva al ejercicio de la justicia ha sido flagrante, casi activa, especialmente desde el gobierno actual, que fue parte del gobierno anterior y aprendió de todas sus maleanterías.

No se habían enfriado los micrófonos de un rabioso Mulino, cuando se empezaron a escuchar (y a leer) anticipos de otros fallos de nulidad de otros casos de alto perfil, por lo que van dos de cinco, y la Procuradora sigue sin explicar ni señalar de dónde provienen las presiones.  Si el Presidente Varela no se pronuncia, –que fue quien nombró a la Procuradora–, y la Corte Suprema, que responde a sus dictámenes en forma obediente, están enfrentados en este momento, en la víspera de la decisión del juez de Miami que pondrá a las órdenes de este entramado judicial el enjuiciamiento de un individuo que saqueó al país de forma incalculable e imperdonable, va a ser cómplice por comisión y omisión.  Hoy se da a conocer que habló con el deleznable presidente de la Corte Suprema hace 15 días sobre “situaciones que no están bien” dentro de su jurisdicción y los rumores de venta de fallos por parte de jueves y fiscales, pero de la misma forma en que se ha manejado este gobierno, no avanza ni retrocede y todos los que han sido señalados, acusados, conducidos y aprehendidos, salen para sus casas aunque no puedan salir del país, y parece que no pasa nada.

A los tres años y meses que lleva este gobierno, los “memes” que se proliferan por las redes sociales repiten, incansablemente, qué se espera que haga y la respuesta es la misma: que se acabe.  ¿Pero qué podemos esperar, si a Martinelli lo extraditan, como en efecto lo ha decidido la corte de Miami?  La situación se complicará más, la gestión de las autoridades judiciales y de la misma asamblea se verá comprometida a grados impensables, y el ánimo, la esperanza y la actitud del panameño común se verán muy afectados, sin mencionar que se volverá un enredo para el mismo gobierno varelista. Parece que la buena estrella de nuestro Panamá se está haciendo fugaz y nos asomamos a un espectáculo desolador.  Toca unirnos en una gran fuerza aglutinadora que exija la transparencia que nunca han aplicado a pesar de prometerla en campaña y exigir los nombres de quienes presionan a la Procuradora, así como la prometida lista de los coimeados por Odebrecht.