A pesar de que se insiste en que la violencia ha ido bajando en el país, según las estadísticas oficiales ha aumentado. Si bien los heridos con armas de fuego han disminuido, los homicidios, que se comportan en forma cíclica, mantienen su participación y muchos se relacionan al trasiego de drogas. Una cifra que alarma es que se ha incrementado la violencia y el maltrato de menores y la violencia doméstica mantiene también un comportamiento cíclico. Entiendo que los índices de violación carnal también han ido creciendo, lo que no es nada alentador.

Desde que se empezó a categorizar el crimen organizado en forma aparte del crimen común, el tráfico de drogas va en proporción directa con los niveles de violencia. Nuestro país es el escenario donde se deslindan las diferencias entre los capos de los carteles de México y Colombia principalmente, y el pasillo por donde pasa la droga y en alguna medida, algo queda, cuando se pagan los servicios en especie y esta se revende.

Por ello, la gestión de seguridad, en un país que en teoría no tiene ejército, es un reto y bien grande, especialmente porque hay una multinacionalidad de las amenazas y la criminalidad domina el debate. En un escenario en el que la inequidad es obvia (el gran crecimiento que re fleja el país no le llega a todos) es urgente cambiar los paradigmas de seguridad, porque la percepción ha dejado de ser para convertirse en la realidad y existe una sensación de vulnerabilidad y no hay esperanza en la justicia. Lamentablemente nuestra política de seguridad es reactiva y no hay un plan para combatir el incremento en los índices de delincuencia.

Así como se categorizó en un momento el crimen común del organizado, de la misma manera hay que mirar ahora una nueva amenaza, el delito cibernético, al que estamos sujetos todos los que simplemente tengamos un número de celular.

Estamos acostumbrados a cultivar la cultura de la represión en vez de la prevención. Se necesita promover la integración social que esté basada en la convivencia pacífica, insertar a los desertores escolares, impartir una educación de calidad y recuperar el espacio público que hoy está en manos del endiablado progreso. Hay que adoptar una pedagogía de la cultura de la legalidad.

Es urgente iniciar un programa de cultura ciudadana para ir avanzando en cambiar la actitud de la gente a través de la educación, ya que sin ella no se va a ningún lado.