La semana pasada, cumpliendo el compromiso que había asumido el gobierno de consultar a todos los sectores de la sociedad sobre el proyecto de cinco decretos-leyes que pretende pasa el Ejecutivo en este tiempo donde goza de facultades especiales, fui invitada, junto al resto de los ex ministros de gobierno y jefes de la Policía y PTJ, a una reunión en Palacio, en la que sirvieron de gentiles anfitriones el ministro de la Presidencia, Lic. Dilio Arcia, y el ministro de Gobierno y Justicia, Lic. Daniel Delgado Diamante.

En una selecta reunión, donde brillaron por su ausencia los ex colaboradores de los gobiernos arnulfistas, con las honrosas excepciones del Dr. Ricardo Arias Calderón y el Lic. Jaime Abad, pasamos casi cuatro horas debatiendo el tenor de estas leyes y la repercusión de las mismas en la sociedad en general.

Nos fue presentado, como primer punto, al viceministro de Seguridad, Lic. Rodrigo Cigarruista, quien fungía como director del Servicio Marítimo Nacional, que ahora se quiere fusionar con el Aéreo, para crear una entidad llamada Servicio Nacional Aeronaval (SENAN). Para mí en lo particular fue
satisfactorio que se lograran crear dos viceministerios en el súper poderoso Ministerio de Gobierno. Fue un proyecto que yo elaboré en 1999 y aunque aprobado en el Consejo de Gabinete, no fue llevado al Legislativo por falta de tiempo.

En una sucinta y bien estructurada presentación, el nuevo viceministro nos señaló lo indefendible que son nuestras costas y nuestras fronteras para el enemigo más grande que tiene el país, que es el narcotráfico y sus secuelas.

El primer interlocutor, de entre los presentes, fue el Dr. Arias Calderón,quien recordó que en el año 2000 se logró llegar a un consenso en el llamado Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, donde tanto el ministro Delgado como él participaron (ambos pertenecientes a partidos opositores al gobierno de entonces), y que no tenía ninguna duda de las prístinas intenciones del gobierno actual en cuanto a cumplir una promesa de campaña cual fue la de más seguridad.

Por mi parte, y habiendo hecho mi tarea (estudiar los proyectos de decretos-leyes), expuse que consideraba innecesario insistir en nombrar un uniformado al frente de la institución policial, sobre todo con una descripción de funciones tan ambigua como «un profesional con título universitario». Sería terrible que se cometiera el error de escoger a un diseñador de interiores o experto en arreglos florales para ese puesto.

También dejé sentado mi planteamiento de que todos esos almibarados temas de inteligencia y seguridad, adscritos al Consejo y que muchos han señalado como una vuelta al G-2 eran totalmente violatorios a la Constitución. Sin embargo, ya los ministros anfitriones habían adelantado que dichos textos deberían sufrir una transformación, porque se había demostrado que su redacción y planteamientos no eran comprendidos a cabalidad.

Por otro lado, reforcé la idea, largamente expuesta desde hace diez años, de que en las fronteras con los países vecinos no sólo hace falta un pie de fuerza, sino la presencia de todas las dependencias del Estado que tienen un control sobre lo que ingresa y lo que sale: Migración, Aduanas, Salud, etc. Es decir, la defensa de las fronteras debe ser concebida como un tema diplomático, donde los gobiernos de los países vecinos se comprometan a reforzarlas de la misma manera que lo estaría haciendo Panamá, no como un área aislada o como una zona de guerra.

Fueron muchas y abundantes los aportes de los presentes, algunas con carácter más interpretativo que práctico, ya que casi todos los presentes eran abogados. Allí podríamos aplicar muy bien aquello de «cuando entre abogado te veas». Muy importantes fueron la participación del Lic. Ramó Lima, señalando que la seguridad y la defensa son bienes públicos y, por tanto, son responsabilidad del Órgano Legislativo; y la del Lic. Jaime Abad, apuntando a que el gobierno de Martín Torrijos debe pasar estas reformas en su período.

En lo que a mí respecta, creo de manera contundente que no se trata de una vuelta al militarismo, tal como se ha hecho ver por los eternos opositores del PRD, que posiblemente ni siquiera han leído los proyectos; pero que no es el momento de hacerlas, aprovechando las facultades extraordinarias que
tiene el Ejecutivo y que revisando los temas de inteligencia y seguridad nacional y replanteándolos pueden legalizarse las acciones que está haciendo un estamento que fue creado por el gobierno de Guillermo Endara y cuyas funciones no están bajo ninguna legislación.

Es importante tener en mente que las escuchas telefónicas o la pinchadura de teléfonos ya casi son obsoletas, por cuanto la tecnología ha evolucionado mucho más rápido que las leyes que las rigen por lo que cualquier acción que se tome para salvaguarda los valores estratégicos del Estado se deben enfocar de manera preventiva.

Finalmente, reitero, y así lo dejé sentado en la reunión, que la percepción es más importante que la información. Pasar estas reformas a tambor batiente y con facultades especiales crea suspicacia y sobre todo, en medio de la vorágine de unas primarias del partido gobernante. Yo sigo creyendo aquello de «vísteme despacio que tengo prisa», frase atribuida Napoleón Bonaparte, pero que resume claramente que las prisas no son buenas consejeras.

El gobierno de Martín Torrijos debe cumplir con su promesa de más seguridad y la verdad es que, desde 1999, la inseguridad se ha ido tomando las calles y áreas de todo el país. Estamos diez años tarde en aplicar nuevos criterios, antes estábamos bajo el paraguas de los gringos, ahora nos toca a
nosotros ser responsables de la tranquilidad y el bienestar de los millones de panameños que se sienten inseguros en sus bienes y en su diario vivir.

Pensemos entonces con la cabeza fría y aportemos a lograr un verdadero plan de seguridad integral sin aspavientos, marchas ni proclamas. Estoy segura de que dejándole la pelota al próximo gobierno, el que sea, no lo vamos a hacer mejor.