Por Mariela Sagel, El Siglo, 19 de noviembre de 2018

A fines de la semana pasada se dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la invasión cruel e injusta de los Estados Unidos a Panamá, en diciembre de 1989 y lo señala como responsable de “violentar los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas durante la operación militar que tenía como objetivo derrocar al gobierno dictatorial de Manuel Antonio Noriega”.

Hay quienes dicen que justicia tardía no es justicia, pero en este caso es importante el precedente que ha sentado la CIDH para que futuras acciones de este tipo, en países pequeños e indefensos como el nuestro no se repitan.

Desde el año 2016 se formó una comisión que busca esclarecer el número de víctimas afectadas y la identidad de muchas de ellas, que murieron o desaparecieron durante la invasión, que fue pedida y aplaudida por algunos malos panameños, pero condenada por la mayoría y por casi todas las naciones.

Es la primera vez que una instancia internacional aborda el tema y ese hecho fortalece la tesis que esgrime la comisión, de que hubo grandes afectaciones al país, en vidas y propiedades.

Este fallo llega casi 30 años después de perpetrada la infame invasión, y la embajada de los Estados Unidos se apresuró en salir a defender la acción militar con la excusa de que Panamá tiene ahora una robusta democracia con instituciones sólidas, lo que no es cierto. De igual forma habla de los $420 millones de dólares que puso a disposición del gobierno de Endara para la reestructuración del país, dinero que no llegó a entregarse porque para ello era indispensable hacer ajustes estructurales que esa timorata gestión no se atrevió a hacer.

Pero mientras esto se dilucida, debemos aplaudir el tesón de la abogada Gilma Camargo, que interpuso la demanda en 1990 y de los que han estado empujando a que se le diera el curso necesario a la misma.  Más de una generación de panameños le estamos agradecidos.