MARIELA SAGEL

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La Estrella de Panamá, 23 de junio de 2013 

Montreal, QC —Si en Panamá llueve, en otros lugares no escampa, pero la gran diferencia es que los escándalos o abiertos actos de corrupción son llevados a la justicia y existe un verdadero ‘empoderamiento’ de los ciudadanos que se sienten con derecho a exigir cuentas a los funcionarios, muy especialmente a los que son electos por el voto popular.

En esta ciudad, donde es aparente el buen funcionamiento de los servicios públicos, se han levantado cargos contra Michael Applebaum, que era el suplente del anterior alcalde Gerald Tremblay (que lo fue por 10 años y también fue removido del cargo por supuestos actos de corrupción) por una aparente conexión delictiva con dos proyectos de bienes raíces, y también fraude, traición a la confianza de los ciudadanos y corrupción municipal. El señor Applebaum ha sido separado del cargo.

‘Nadie puede estar por encima de la ley’, alega el jefe de la UPAC (Unité permanente anti corruption) fundado hace dos años y que vela porque la conducta de los funcionarios sea proba, con reprimendas inmediatas que los ponen en la palestra para que la gente opine, no en voz baja, por Twitter o Facebook, sino haciendo efectiva la justicia.

Llama la atención que de los cargos formulados contra el alcalde Applebaum, dos estén ligados al desarrollo de proyectos inmobiliarios. En paralelo, ejecutivos de las empresas que se vinculan a obras públicas, tanto en Montreal como en Laval, enfrentan cargos relacionados con este desafuero.

La UPAC se formó hace dos años como una iniciativa del entonces gobierno liberal que dirigía Jean Charest y en su primer año ha recibido testimonios de más de 80 testigos, que han revelado detalles del tráfico de influencias, connivencia y sobornos y comisiones bajo la mesa.

Así como ha sido removido del cargo el alcalde, otros funcionarios vinculados de manera muy cercana a él también fueron arrestados. El clamor popular es que ‘no se pueden tolerar estos actos que se cometen en las finanzas públicas’.

Todo este sobresalto que vive la ciudad, que ha ido experimentando un cambio en su silueta, donde antes había mucho más espacios verdes y ahora las grúas pululan construyendo en todas las estaciones, llueva, truene o nieve seguro llegará a un esclarecimiento. Buen ejemplo que en medio de tanta desesperanza y sobre todo, de pagar impuestos tan elevados en este país, se castigue a los que hacen mal uso de los fondos públicos y no tengan como prioridad servir a los contribuyentes, sino servirse de los puestos a los que han llegado.

Si en Panamá funcionara algo parecido a una UPAC, sea estatal o privada, o si al menos el adormecido Frente Anticorrupción (cuya última entrada en su sitio web fue en el 2009) fuera beligerante, todas las malas acciones o por lo menos las más relevantes, no dejarían en la mente de los panameños la interrogante de si todo lo que se dice o hace por parte de las autoridades municipales está enmarcado o no en la Ley, si hay sustento en los rumores de coimas o si es del verdadero interés del que ocupe el municipio de Panamá, hacer obras en beneficio de la comunidad.

El alcalde anterior renunció por causas que aún no se tienen claras y la actual se ha montado en sus supuestas obras para promocionarse y publicitarse para una eventual campaña proselitista. Y el presidente, que pareciera que no tiene nada que hacer, sino estar señalando a la oposición, después de cuatro años dice que tiene evidencias contra el alcalde Navarro y después se retracta. ¿Por qué no dijo las razones por las que Bosco Vallarino renunció? ¿Y por qué la oficina de la invisible —como casi todos los funcionarios designados por este gobierno— zarina anticorrupción, no hace su trabajo, pero con energía y a tiempo?