Por Mariela Sagel, La Estrella de Panamá, 6 de enero de 2017

Los que hemos vivido suficiente para recordar las gestas reivindicativas de este pueblo orgulloso, que recuperó su soberanía y su Canal, en una lucha de generaciones, no podemos creer lo que sucede hoy, 6 de enero de 2017, cuando este diario deje de publicarse por capricho arbitrario de una oficina del gobierno de Estados Unidos y por la falta de voluntad del presidente Juan Carlos Varela y su gobierno para defendernos de una nueva forma de brutal colonialismo.

Cuando en mayo se conoció que las empresas del grupo Waked habían sido incluidas en la Lista Clinton columnistas, periodistas, políticos y todo panameño pensante nos movilizamos de manera contundente, sumando el apoyo de instituciones nacionales e internacionales. Sin embargo, todo ha sido inútil, y las palabras del diplomático que representa al gobierno de Estados Unidos parecen tener más peso en las acciones del gobierno de turno.

La Estrella de Panamá fue fundada hace casi 168 años, es custodia de la memoria histórica del país, ha pasado por varias administraciones y en los últimos años ha ido posicionándose como la real alternativa de información, dándole un gran espacio a los temas investigativos, políticos –sin tomar partido— y culturales, esto último algo que no tiene ninguno de los otros diarios que circulan localmente.  No en vano se le llama “la decana” a La Estrella y el día del periodista se dedica a quien muriera sobre su máquina de escribir, Gaspar Octavio Hernández, el 13 de noviembre de 1918, cuando dirigía este diario. El Siglo, que hoy también ve su última edición, es el tabloide más popular, el periódico del pueblo y se estima que de cada ejemplar impreso, tres personas lo leen.

En Panamá hemos sufrido cierres de diarios. En la década de los ’80 La Prensa fue cerrada en varias ocasiones por las fuerzas del gobierno militar y sus directores sujetos de amenazas y exilios.  Pero que un gobierno extranjero y encima, el de Estados Unidos, que se precia de ser la cuna de la democracia y el respeto a los derechos, y que en la primera enmienda a su constitución, de 1791, sea el que dicte las pautas a nuestro gobierno es una “vergonzosa sumisión” como declaró la diputada Ana Matilde Gómez, y exigió un informe completo sobre el resultado de las gestiones oficiales que se emprendieron para salvaguardar la operación de estos dos medios.

La Lista Clinton es una especie de lista negra, creada en 1995, que usa el departamento del Tesoro de Estados Unidos para aplicar sanciones a empresas o personas extranjeras sospechosas de financiar el terrorismo y el narcotráfico. En teoría, ha obligado a la entrega de activos de muchos narcotraficantes o que ellos mismos se entreguen.  Pero el consumo de drogas en ese país, que es donde deben invertir en lugar de aplicar listas, no ha disminuido.

Cuando el embajador de Estados Unidos emitió sus “razones para creer” que el grupo Waked estaba involucrado en narcotráfico y lavado de dinero, también aseguró que los diarios no estaban en la lista, que no había nada contra La Estrella y El Siglo.  En el grupo GESE no solo hay puestos de trabajo que se pierden, hay periodistas valiosos que ahora no podrán ejercer su labor por capricho del imperialismo y la inacción de nuestro gobierno.

El problema con todo este entramado legal es que hasta la fecha, no ha sido probado ni uno de los cargos por los que se señala al grupo Waked y es obvio que el ingreso a la Lista Clinton viola el debido proceso y, sin que se haya probado cualquier ilegalidad, se condena a las empresas listadas a la muerte comercial.

Tal vez por eso, un ex agente de la Dirección Antidrogas estadounidense (DEA) declaró: “…considero que las únicas personas que deben ingresar a la lista son las que ya hayan sido acusadas…. (La lista Clinton) está fuera de control. El ingreso arbitrario y caprichoso de las personas a la lista es una vergüenza para los Estados Unidos. Si fuera justo y balanceado, tendríamos alguna mínima definición que no estuviera basada en acusaciones, folclore, rumores y leyendas”.

Del gobierno panameño, independientemente, se debe exigir, al menos, la defensa de la soberanía nacional.  Se presta a toda clase de conjeturas que los negocios más afectados del grupo Waked hayan sido los de los aeropuertos.  En el fondo, habría que hacer una estricta diligencia debida sobre a quién beneficia este despojo sin pruebas y esta imposición de vender, al precio que sea.  En Panamá la ley no permite a un grupo televisivo controlar medios impresos, aunque en la práctica, otra sea la historia.  No sería de extrañar que se quiera forzar su venta para sumarlo al poder político del gobierno actual.

«Venceréis, pero no convenceréis”, decía Miguel de Unamuno. “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha«.