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EL COMIENZO DEL FIN

Por Mariela Sagel, 22 de septiembre de 2017, La Estrella de Panamá

El 19 de septiembre se cumplían 32 años del devastador sismo que azotó a México en 1985 y en esos días se habían realizado ejercicios de evacuaciones en algunos sectores de la población porque apenas hace dos semanas habían sufrido un terremoto menor.  Al mediodía, casi en vivo, se pudo ver por CNN cuando acontecía un terremoto de similares proporciones y desde entonces, la noticia no ha dejado de estar en las mentes y en los corazones de todos, esperanzados que los daños no sean mayores ni más dolorosos de lo que ya se han cebado en esa golpeada población.  Cobra aquí validez la famosa frase que se le atribuye al general Porfirio Díaz, pero que se asegura que es de la autoría del intelectual Nemesio García Naranjo: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.

El gobierno y el pueblo panameño han respondido con absoluta y decisiva solidaridad para con el hermano país, el que apenas el viernes estaba celebrando sus efemérides y seguiremos apoyando a una nación al cual nos unen muchos lazos, tanto culturales como comerciales, sin desestimar la enorme cantidad de panameños que estudiaron o estudian en las universidades mexicanas.

Pero mientras esto pasaba, un tsunami de proporciones inimaginables se estaba formando sobre nuestro activo más valioso como país: el Canal de Panamá.  La Asamblea Nacional, compuesta por lamentables figuras que se hacen llamar diputados (y que salvo dos o tres no merecen ni el título de “honorables”) y que están supuestos a ser los que legislan, –hacen leyes–, intentaron meterle mano al presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que según la ley 320 de la Constitución, aprobada en dos asambleas y dos gestiones de gobierno diferentes (las de Guillermo Endara y la de Ernesto Pérez Balladares) le otorgó a la ACP el título constitucional XIV que lo blinda de las vaivenes politiqueros. No se le está permitido a la Asamblea “modificar” el presupuesto presentado, solamente su aprobación o rechazo.  La reacción de toda la ciudadanía no se hizo esperar.  Después de 40 años de la firma del Tratado Torrijos Carter, todavía hay una causa que amalgama a los panameños, y es el Canal de Panamá.

Liderados por el cuestionado diputado Barría, que ya en ocasiones anteriores ha mostrado su descaro y falta de vocación de servicio, la comisión de presupuesto pretendía aumentar los montos para desviarlos a un circuito del que, coincidentemente, él fue electo y así afectar los programas de mantenimiento e inversión, reducir puestos de trabajo, afectar los tránsitos, haciéndolos más dificultosos con maquinaria que requiere sostenimiento especializado y sobre todo, la insatisfacción laboral que afecta la mística con que se ha trabajado hasta ahora.  Para colmo de males, según ha trascendido, este “tasajeo” del presupuesto se había pactado entre el ejecutivo y los diputados, evidenciando una vez más la injerencia de ese órgano del estado y el desconocimiento de la norma constitucional que establece que el presupuesto de la ACP no forma parte del Presupuesto General.

La intención de la comisión de presupuesto debió causar no solo un rechazo masivo de la población, como en efecto lo hizo a nivel de redes e intervenciones en los medios y acciones contundentes de algunos gremios, sino una conferencia de prensa de los integrantes de la Junta Directiva, que no han dado la cara (a excepción del señor Ameglio) y que está formada por polémicos individuos que fueron nombrados por el gobierno del preso de Miami, que fueron a servirse de esa honrosa designación y no a servir al país.

La presión hizo que se bajara a primer debate el conflictivo y alterado presupuesto, y más de uno se ha dado golpes de pecho pretendiendo exonerarse de culpa en este cínico intento de meterle mano a la autonomía de la que debe gozar el Canal de Panamá para su funcionamiento. Patéticas y absurdas han sido las expresiones vertidas por Twitter tanto del Ministro de Economía como de la Vicepresidenta, cuestionando nimiedades, todo esto mientras el presidente Varela se daba golpes de pecho en el foro de Naciones Unidas diciendo que su gobierno estaba comprometido con dejarle a Panamá una democracia funcional.  La realidad es que ninguna institución funciona y la que lo hace a trompicones, que es el Canal de Panamá, se ve amenazada por estos angurrientos que demostraron con su actuar una apología del delito.

Preparémonos para repudiar este tipo de acciones, porque tal como lo dijo Torrijos, “¡Bien pendejos serían si se dejan quitar lo conquistado!” (refiriéndose al Canal de Panamá)

TENDENCIAS DEL MOMENTO

Por Mariela Sagel, La Estrella de Panamá, 15 de septiembre de 2017

El pasado lunes 11 de septiembre se cumplieron 16 años del ataque perpetrado contra las torres gemelas en la ciudad de Nueva York que inició una guerra contra el terrorismo a nivel mundial.  Inmediatamente después de este hecho insólito empezó la guerra de Afganistán (en octubre) contra los talibanes, supuestos responsables del ataque al World Trade Center.

También ese día 11 de septiembre se cumplían 44 años del golpe de estado contra el gobierno del Presidente chileno Salvador Allende, que dio paso a una época de terror y represión contra todos los que apoyaron en su momento el gobierno de la Unidad Popular.  El golpe, perpetrado por el General Augusto Pinochet, estuvo apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).  Tanto el primero como el segundo son censurables desde todo punto de vista, con sobradas razones para exigir que no se olviden.

En Panamá tuvimos una invasión gringa en 1989 para ponerle fin a la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega, que trajo a 26 mil soldados que cayeron desde helicópteros nuevos en aguas fangosas con el único fin (supuestamente) de capturarlo.  Este hombre, que recién falleció y pagó sus culpas en cárceles estadounidenses y francesas, además de en Panamá, se entregó voluntariamente a las tropas invasoras.

Después de casi 28 años poco hemos hecho por conocer la verdad.  El año pasado se conformó una comisión del 20 de diciembre de 1989, que ha estado evaluando mediante entrevistas y audiencias públicas los ataques que por tierra, mar y aire ejecutó el ejército de los Estados Unidos.  En su misión establece claramente que no está entre sus tareas la de discernir sobre los temas políticos que caldeaban el ambiente en esos años sino analizar los hechos mismos de la cruenta invasión y los posteriores saqueos y daños al comercio, la industria y el agro, así como los muertos y desaparecidos que no se sabe dónde fueron enterrados.

Resulta ineludible que esta comisión reciba el apoyo de toda la ciudadanía, porque echar al olvido el hecho más doloroso de nuestra historia es negar nuestra identidad nacional e impedir que nuestro pueblo se encuentre con su propio pasado.  Nunca en la historia del país se perdieron o afectaron tantas vidas, ni ocurrió tanta destrucción.  Por ser un pasaje trágico y luctuoso, no se le puede dar la espalda.  En su momento, la Asamblea General de Naciones Unidas calificó la intervención en Panamá por parte del gobierno de los Estados Unidos como “una flagrante violación al derecho internacional de la independencia, soberanía e integridad territorial de los estados”. (Resolución 44/240 del 29 de diciembre de 1989).

Esta misma comisión ha estado trabajando para que de una vez por todas se decrete el 20 de diciembre como día de duelo nacional y que éste no se convierta en día puente, si cae en fin de semana, como se logró hace un par de años con el 9 de enero.

Tendemos a prestarle atención a asuntos superficiales, como el que ha tenido a todo el mundo opinando recientemente, de una mujer tirando bolsas de basura en varios puentes de la ciudad, o a un artículo de un folclorista que se refirió a la procuradora como una mujer guapa.  Pero esa misma señora no avanza en las investigaciones de todos los escándalos que han tenido al país en el ojo de la tormenta mediática desde hace más de un año y los pronunciamientos de unos y otros –hasta de los que no deben meterse en temas internos del país– lo que hacen es tirar una cortina de humo sobre las responsabilidades que todos esperamos que cumpla la Procuraduría General de la Nación en los casos que tiene que investigar.  Desde junio se nos prometió la lista de los involucrados en el caso Odebrecht y todos los meses sale una excusa nueva para no afrontar ese delicado asunto.  Ahora el entretenimiento es que si un comisionado de la policía le hizo propuestas sexuales a un cabo.  Estamos abusando de la civilización del espectáculo, y los medios noticiosos contribuyen a eso, porque se convierten en una especie de corregiduría o episodios del programa “Caso cerrado”.

Tanto el gobierno, como los medios de comunicación y las redes, que han puesto los temas intrascendentes como #trendingtopics, debemos ser más serios y enfocarnos en lo verdaderamente importante y urgente, que es adecentar al país.