La gran preocupación que tiene la población tanto a nivel de la capital como en el interior es la seguridad. Y por más proclamas que se hacen, no se ha mejorado en nada en los últimos meses por una sencilla razón: no se ataca el problema desde la raíz.

Gracias a las estadísticas que estrictamente lleva el Ministerio de Gobierno, uno entiende que desde hace más de diez años la delincuencia común ha dado paso a la delincuencia organizada, que es la que trae consigo el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la prostitución clandestina, el trasiego de armas, el terrorismo y las ejecuciones; escenarios donde los carteles de drogas rivales se lucen en nuestro país.

La delincuencia común es la que lidia con los robos, hurtos y asesinatos por celos, que no deja de preocupar, pero lo que realmente hiere los corazones de la población panameña es la proliferación de las bandas, la incursión en ellas de jóvenes que de otra forma serían prometedores profesionales o al menos técnicos de alguna destreza. Otra de las estadísticas que alarma es la gran cantidad de indocumentados ilegales que se ha incrementado en el país, y así todavía el Presidente está ofreciendo alegremente con el mandatario que se tropiece legalizarle sus nacionales y suprimir visados y pasaportes.

A fines del año 2008, un grupo de destacados profesionales con vasta experiencia en temas de seguridad hicimos un trabajo (aunque no soy experta, me tocó participar en el grupo) que analizaba cómo había sido el desarrollo del asunto desde que los gringos se fueron de las bases. Este documento cobra más vigencia ahora que estamos actualizando las estadísticas y notamos con gran alarma que en vez de disminuir, la delincuencia organizada ha ido en incremento. Este análisis incluyó también el aspecto sensitivo de la inmigración.

Ante la inminencia de que se decrete la «ley zanahoria» (a pesar de que le toque el bolsillo al vicepresidente por ser productor de alcohol) y el nacimiento de un Ministerio de Seguridad, hago un llamado para que se tomen en cuenta a todos los grupos de la sociedad, independiente del partido que seamos, para aportar a la solución de un flagelo que amenaza no solo a las familias panameñas, sino también la perspectiva que, como país, tiene la inversión extranjera y lo frágil que es la misma cuando no se le garantiza el mínimo de seguridad a sus visitantes.

El problema es de todos, no solo de una gestión de gobierno. Se han dado pasos decididos en la dirección correcta, un poco tarde, pero válidos. Hay que empujar, que es mejor que arrear, como dicen nuestros queridos vecinos colombianos.