MARIELA SAGEL

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La Estrella de Panamá, 11 de noviembre de 2012

Si la justificación de volver a aumentarle el salario a los comisionados y subcomisionados se basa en el eterno miedo que siente un Gabinete —en especial éste— por la posibilidad de que los militares puedan darle un golpe de Estado, este aumento salarial es un vulgar chantaje, ya que en esta oportunidad el ministro de Seguridad Pública estaría premiando al mismo subalterno que acusó de amenazarlo.
Si el argumento es que los comisionados y subcomisionados están realizando una ardua función, sobre la cual también poseen el derecho y la prerrogativa de jubilarse con el 100% del salario a 25 y 30 años de servicio, entonces ésta debe ser la razón para subirle el salario a las enfermeras, que lidian a diario con el sufrimiento de sus pacientes; a los profesores y a los bomberos, quienes también sufren los embates de un trabajo complejo y del cual no se jubilan con los derechos que un policía sí tiene. Igualmente, sería justo aumentarle el salario a las madres-padres, seres que tienen que buscar el pan todos los días de su vida, a veces con dos o tres empleos, en una ciudad insegura que ni un comisionado o subcomisionado patrulla ni vigila, porque eso es lo menos que hacen.

El tema es más grave aún cuando apreciamos que en el Régimen de Derecho Administrativo panameño el salario es visto como una jerarquía. Ahora vivimos bajo el imperio de un ministro que se siente más tongo que un policía graduado en academia y tiene la necesidad de homologarlos.

Si lo que el Gobierno aspira es motivar a los que forman la Policía Nacional, ¿por qué no busca otras opciones? El aumento salarial los transformará en más vagos de lo que son y no es justo que se ganen un salario de esa magnitud en forma automática. El Gobierno debiera establecer un bono anual y que se pague a través del cumplimiento de indicadores de gestión, para que a medida que se logren objetivos de calidad en la seguridad ciudadana y de control del crimen común, pero que trabajen por eso —ojo, que el beneficio es para los jefes, no para los que están en la calle exponiendo sus vidas— y que si lo logran, lo reciban. No es ni moral ni ético que mientras las calles se llenan de ejecuciones, asaltos e inseguridad, ellos simplemente cobran y dan excusas. También se pueden mejorar las condiciones de vivienda y educación para las familias de los policías, así el beneficio irá directo a las necesidades reales y no se diluirá en descuentos por pensiones alimenticias.

Un plan de seguridad en donde el gobierno sólo pone la demagogia y el pueblo pone los muertos, no es un plan aceptable. Cuando lo que está en juego son los principios de una nación no se pierde el tiempo revisando procedimientos, sino los valores.

Entendamos de una vez por todas que mejorar las condiciones de la Policía Nacional y la de sus integrantes no equivale a mejorar la seguridad nacional ni ciudadana. Esto es un paso necesario, pero no es el objetivo, porque mientras el resto de los servidores públicos siguen cobrando sus cheques con decenas de estrellas (léase descuentos) a los militares les dan cheques de estrellas de cine.