Por Mariela Sagel, La Estrella de Panamá, 2 de septiembre de 2018

     Decir partidos políticos en Panamá es sinónimo de corrupción, diputados y Asamblea Nacional.  Ese órgano del estado se ha ido desprestigiando tanto que parece que solamente aspiran a llegar allí los que van a rebuscarse y de paso, acomodar a sus parientes.  Atrás quedaron los días en que el diputado era el que daba prestigio a la clase política porque sobre sus hombros estaba la responsabilidad de “legislar”, mejor dicho, promover e impulsar leyes en beneficio de la gran mayoría.  Surgida de la primera Asamblea Constituyente, en 1904, una vez fundada la República de Panamá, su misión establece que “debe dictar las leyes nacionales y ejercer la fiscalización de otros poderes del estado”.  Su visión declama que “debe actuar con transparencia y orientar la legislación hacia el bien común y el desarrollo del país”.

Desde el año 2004 asciende a 71 diputados su composición, para una población de 4 millones de personas.  Debería establecerse una métrica de cuántas leyes ha propuesto cada diputado, especialmente aquellos que han echado raíces y telarañas por estar anquilosados en sus curules (cuando asisten, porque hay casos en que las ausencias son sencillamente escandalosas).

En los Estados Unidos hay 100 senadores, dos por cada estado, (para una población de 325 millones) y en México también hay 2 senadores por cada estado, que resultan en 68 miembros que son elegidos estatalmente y a uno por cada estado, se le otorga a la primera minoría, y los 32 restantes son elegidos por medio del principio de elección plurinominal, en un país con casi 130 millones de personas.  La comparación es obvia:  los nuestros, encima de que son demasiados, no están haciendo su trabajo.

Además de gozar de prebendas, salarios, asistentes, exoneraciones de autos, franquicias telefónicas y un montón de beneficios, han hecho de las partidas un verdadero botín político.  En las que han visto la luz se ha encontrado de todo, –los meseros que atendían a un conspicuo diputado que se caracteriza por su peinado –, la familia entera de otro que domina con su poder económico la provincia de donde viene (y que no le ha llevado el desarrollo que merece esa zona) y la suegra, la cuñada, el primo, el hermano y ni seguir de la planilla de otro que está muy apegado a la familia licorera que gobierna.

Ahora vemos, en cada partido, una desaforada aspiración por llegar a ser parte de ese privilegiado club, sin que se comprendan cuáles son las responsabilidades y los deberes que se adquieren con el voto, que ahora se da en modalidad de transacción.  El diputado ha trastocado su labor y la invierte en salpicar a la población que lo eligió mediante ayudas inmediatas, que no resuelven un problema sino una necesidad.  Hace aceras y gimnasios, construye techos para iglesias y patrocina ligas deportivas porque en la camiseta y la gorra va a quedar su nombre.  Pero ¿y las leyes?

En qué momento se perdió la brújula de la Asamblea Legislativa sería un tema sociológico que estudiar.  El diputado hace la labor del representante de corregimiento y éste se limita a solucionar las quejas de las juntas comunales, peleas de barrio y permisos de construcción que, en muchos casos, solamente salen si se salpica al funcionario.

Para colmo de males, los candidatos y algunos de los aspirantes a candidatos a la presidencia de la República (precandidatos de los partidos que aún no han realizado primarias) están hoy secuestrados por los diputados, porque en el manejo político son los que mueven a los votantes.  Hay que sospechar de esos apoyos irrestrictos a determinado candidato porque allí se verá cómo se estará desempeñando si llega a presidente.  Lo vimos en la elección del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en octubre de 2016 y lo estamos viendo ahora, que se celebró una primaria del partido franquicia del expresidente preso en El Renacer y en las próximas elecciones primarias del PRD.

El que llegue a sentarse en la silla presidencial no debe titubear en acabar con esa mafia institucionalizada que le ha hecho tanto daño a la clase política panameña.  Los panameños tenemos la oportunidad, el otro año, de recuperar la década perdida que ha significado los gobiernos de Martinelli y Varela y volver a construir un país, con pausa y aplomo, sin temor a fantasmas y opios del pueblo.  En el 2009 fue el miedo al chavismo lo que hizo que 60% de los votos fueran para el presidente que sobrepasó los límites tolerables de la corrupción.  Esa gente que votó por él, en su mayoría, se arrepintió rápidamente.  En esta oportunidad no podemos equivocarnos, tenemos que elegir a un presidente que de verdad ordene a este país, desmantele todas estas estructuras que solamente sirven para enriquecer a unos pocos y erosionan los valores de la mayoría de los votantes.