En todos los países y desde que uno tenga memoria, los Gobiernos y sus representantes prometen acabar con la corrupción y la mayoría —o todos— fracasa en hacerlo e incumple la palabra empeñada. La corrupción carece de escrúpulos ni tiene sentimientos, mucho menos algún nivel cultural, no es potestad de un sexo y no conoce fronteras. Lo único que le interesa y la religión que profesa es el dinero, a como dé lugar. Vista así, lleva a los pueblos al subdesarrollo y por ende, a la pobreza de una gran mayoría y el bienestar exacerbado de una minoría privilegiada. Por ella se cometen los más abyectos crímenes y muchas veces comienza con algo tan tonto como el exceso de burocracia.

Para tramitar en un consulado extranjero un documento es necesario que el mismo esté apostillado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para eso, se debe obtener el documento y el Tribunal Electoral ha facilitado ese paso desde algunas cadenas de tiendas y supermercados. Sin embargo, cuando uno llega a pedir las apostillas le dicen que tiene que ir a la sede del Tribunal a certificarlo. De nada valió sacarlo en un supermercado si de todas maneras hay que certificarlo y, por supuesto, pagar por ello, además de los traslados y filas.

Luego va de vuelta a la dependencia que apostilla y las solicita (están amparadas en un acuerdo internacional) y le reciben el certificado autenticado, diciéndole que vuelva en tres días después de pagar por el servicio en el Banco Nacional y comprado unos timbres. Va uno al banco y resulta que en el que queda debajo de la oficina de los trámites no hay la volante de los timbres, sino que tiene que ir a otra sucursal. Otro traslado y otro desembolso.

Pasados los días en que estaría apostillado el certificado, haber pagado el servicio y correteado la volante para pagar los timbres, vuelve uno a la oficina de Relaciones Exteriores y obtiene el documento. De esto han pasado más de siete días, desplazamientos por toda la ciudad y una cantidad de dinero solo en trámites ni hablar de lo que cuestan los traslados.

Este es solo uno de los muchos trámites burocráticos que deben hacerse para gestionar cualquier documento. Si de cobrar al Estado se trata, preparémonos para solicitar un paz y salvo del Seguro Social, subir a la punta de la loma en Clayton, llenar todo el papeleo e ir a pagar un dólar a una ventanilla en el otro extremo. Si la mala suerte le acompaña, tendrá que hacerlo tres veces mientras la cuenta va a refrendo de la Contraloría, porque el paz y salvo solo tiene vigencia por un mes.

Cuando uno está metido en esta maraña de trámites se pregunta ¿cómo han hecho para de un plumazo comprarle a la empresa colombiana que prometió hacer ‘very happy’ a todos los ciudadanos con sus buses, comprar cemento a precios exorbitantes, adquirir sistemas informáticos que no sirven para lo que fueron planeados, rellenar los huecos de las calles con asfalto de pésima calidad (y seguir rellenándolos) que no aguanta ni un aguacero, contratar a una empresa para hacer el soterramiento de los cables en el área bancaria y como lo hizo mal, permitirle que lo vuelva a hacer, para desesperación de todos los que laboran y viven en esa zona de la ciudad? Lo han hecho porque lo hemos permitido, porque miramos para otro lado.

Sigamos el ejemplo de Guatemala, que de una sola sentada los diputados y los magistrados al unísono sacaron al presidente. Acá los diputados juegan al debate y los magistrados se sientan en los expedientes o pelotean los fallos. Han pasado cuatro años desde que los chicos del Centro de Cumplimiento de Tocumen fueron quemados vivos y el mismo tiempo desde que secuestraron y mataron a los jóvenes de ascendencia asiática en La Chorrera y nada pasa. La presión ciudadana es lo que hará moverse al monstruo burocrático.