Por Mariela Sagel, 14 de marzo de 2016, El Siglo

Durante más de un año y medio hemos visto otorgar detenciones preventivas, modalidad de casa, país y otros habitáculos por cárcel, celdas acondicionadas en la policía y otras en instituciones que no deben alojar presos, a una pléyade de funcionarios del gobierno anterior.  Algunos responsables directores de muchas irregularidades que se han ido descubriendo y otros apenas contratistas, con conocimiento de causa o sin ella, de los desmadres que ahora hemos sabido se cometían a diario.

A casi todos les da por enfermarse, y eso no debe ser motivo de mofa ni incredulidad.  El estar confinado en una cárcel o una celda es una de las experiencias más traumáticas que puede experimentar un ser humano.  Sin embargo, ¿cuántos de ellos, estando en la cúspide de su efímero poder se percataron de las condiciones inhumanas en que están nuestras cárceles panameñas, la inmensa mora judicial que hay para que un privado de libertad sea juzgado, y el paso lento, como de tortuga, en que se ejecutan los llamamientos a juicio de esos pobres presos?

Se les llama comúnmente “los hijos de la cocinera”.  Son los que pasan meses sino años esperando que un abogaducho, que generalmente le saca un dinero que no tiene a su pobre familia, interponga los recursos para que se les juzgue o se les dé una libertad condicional.  La Ley Penitenciaria contempla que si en un término perentorio no se ha juzgado un caso, se debe dar libertad al privado de ella, pero eso no se aplica.  La población penitenciaria es enorme y una carga monstruosa para el estado. Los presos extranjeros deberían ser repatriados a sus países de origen pero generalmente allá no los quieren, como es el caso de los colombianos –que suman un porcentaje grande–.  La resocialización y vigilar que gocen de las mínimas condiciones para seres humanos deben ser una prioridad.  ¿A Mulino, Garúz, Pérez, Ferrufino, De Lima, Guardia Jaén y el resto de la pandilla les preocupó ese tema cuando estuvieron en el gobierno?