La noticia divulgada recientemente, en forma solapada y sin mucha pompa, de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) había solicitado a Panamá cambiar los límites del área Panamá Viejo-Casco Antiguo y presentar un informe antes del 1 de febrero debido al impacto ‘negativo’ que ha tenido la construcción de la Cinta Costera III, confirma las aprehensiones, denuncias y críticas que hemos sostenido desde 2011 los que nos opusimos a que se continuara con esa vía como una costanera. El glosario es largo y no quiero aburrirlos con lo que he escrito anteriormente, pero puedo resumirlo en: Se lo dijimos.

Ante este anuncio, sobre el cual las autoridades de Patrimonio Histórico han tomado cartas en el asunto, los que somos respetuosos de nuestra historia y más aún, del patrimonio no solo de Panamá, sino de la Humanidad, como dice la designación que se obtuvo de parte de la UNESCO en 1997 para el conjunto monumental, reitero que los responsables directos de este magnicidio son, primordialmente, el ex Presidente Ricardo Martinelli, el ex Ministro de Obras Públicas Federico Suárez y la ex directora del Instituto Nacional de Cultura (INAC) María Eugenia Herrera. Esto es así porque mientras estaban viajando a París, a Sur África y otros lugares donde se reuniría la comisión de patrimonio, mintiendo flagrantemente sobre cómo harían la extensión de la Cinta Costera, estaban cavando el suelo marino para levantar los pilotes que sostendría el esperpento que nos volvió a poner de espaldas al mar.

Además de los sobrecostos que significó construir esta costanera (el túnel era más barato y no hubiera tenido el impacto negativo) existía también la intención de defenestrar a los residentes de Barraza, dándoles trabajitos –pan para hoy, hambre para mañana— y despojarlos de sus propiedades para construir unas instalaciones marinas con edificios de lujo, donde ninguno de ellos tendría acceso a menos que fuera un peón. Eso beneficiaría, por supuesto, al grupo de los amigotes del expresidente y terminaría de desfigurar el perfil de nuestra ciudad de plástico, donde a pesar de toda la bonanza que ostenta, hay demasiados pobres.

El asunto no debe quedar impune, ni aunque se arropen en inmunidades o se fuguen del país los responsables. Aquí no solamente se trata de un crimen de lesa humanidad sino de lesa patria. Y aunque se sugiera deshacer lo mal hecho, el daño ya se hizo, es como decirle a un padre, ante la pérdida de su hijo, que se hará justicia. Ese sentimiento lo alivia, pero no le devuelve al hijo. Así nos debemos sentir todos los panameños por haber traicionado a la humanidad permitiendo este exabrupto.

Esta cuenta debe ser incluida en la corrección fraterna que reiteró en su discurso de apertura de la sesión de la Asamblea el presidente de ese órgano del Estado. Habrá que ver qué incentivos y leyes se logran mantener para que no se convierta nuestra esquina colonial en un pastiche.

Y aprovechando la mención de esa apertura de la sesión de la Asamblea, me permito opinar que si bien, a seis meses del gobierno de Juan Carlos Varela, aún tengo esperanzas que se harán los correctivos urgentes que necesita tanto algunas leyes como algunas instituciones y que se haga un buen gobierno, no soy ni ciega para ver que se siguen haciendo algunas cosas mal, ni seré muda en criticarlas. Los vientos frescos de verano que ya se sienten han llegado a la Procuraduría y la Contraloría, a ver si en la primera, la estela de justicia selectiva se acaba de una vez por todas, y en la segunda, lo mínimo que aspiramos es que sepamos cuántos somos, y se ejerza un control férreo sobre las finanzas del Estado, que han sido dilapidadas de una manera como nunca en nuestra historia republicana se había visto.