Por Mariela Sagel, La Estrella de Panamá, 2 de junio de 2019

     La semana pasada la empresa Cable & Wireless (C&W) cumplió 22 años de prestar servicios en Panamá.  Su entrada fue permitida gracias al proceso de privatización que se inició en 1996 durante el gobierno del Dr. Ernesto Pérez Balladares.  La fórmula que se encontró para esta modernización de algo tan importante como las telecomunicaciones, fue la corporatización, es decir, que el gobierno mantiene (aún hoy, después de todos estos años) el 49% de las acciones de la empresa, el otro 49% la compañía que ganó la licitación (en este caso la inglesa C&W) y 2% se les adjudicó a los trabajadores, que se gestiona como un fondo de fideicomiso. Este proceso creó una empresa mixta con capital privado, del gobierno y de los empleados.

     El que no sabe o repite como papagayo que el Toro privatizó el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y el IRHE (Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación) y lo consideran como algo desacertado deberían mirar en su vida y costumbres diarias: esos mismos que critican tienen dos y hasta tres celulares y gozamos, en su mayoría, de 24/7 de servicio eléctrico.

     Panamá estaba rezagada en ambos sectores y principalmente en lo referente a telecomunicaciones, ya que éramos uno de los dos países que no contaba con banda celular (el otro era Haití) y lo grave es que estamos sentados sobre una interconexión de cables submarinos que es una mina para que desde aquí seamos un punto importante para ofrecer –como ahora lo estamos haciendo— los más avanzados servicios de telecomunicaciones.  En 1996 se licitó la banda celular y su ganador fue la empresa estadounidense Bellsouth.  C&W, al ganar la licitación de corporatización empezó a prestar también el servicio de telefonía celular, rompiendo así el eventual monopolio.

     Antes de que la compañía inglesa se alzara con la concesión se había llamado a una primera licitación, el año anterior (1996), que fue declarada desierta.  A esta primera convocatoria había precalificado GTE, de Estados Unidos y la también estadounidense Southern Western Bell.  Esta última se retiró por razones internas.  Algo importante es que en esa oportunidad no se permitió la participación a empresas que tuvieran capital accionario estatal, como fue el caso de Telefónica Internacional (de España) y la francesa Telecom.

     En dicha privatización se tuvo como primordial característica la búsqueda de la mayor transparencia y, además de los tres ministros involucrados (de Gobierno y Justicia, Raúl Montenegro de Hacienda y Tesoro Olmedo Miranda y de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman), era del interés del gobierno que participaran empresas estadounidenses, pero no se recibieron propuestas de parte de ellas.  Para garantizar un proceso prístino fueron invitados como observadores al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Víctor Lewis, y el representante de Transparencia Internacional, el empresario Roberto Eisenman.

     En todos estos años tanto C&W (hoy día subsidiaria de Liberty Latin America) como las otras empresas de telecomunicaciones (Bellsouth es ahora parte de Telefónica) ofrecen innumerables servicios, entre los que se cuentan telefonía fija, teléfonos públicos, televisión por cable, servicio de internet y muchos otros además de la telefonía celular, y la competencia ayuda a que los precios no se disparen y que se ofrezcan toda clase de promociones.

     Las privatizaciones de los servicios básicos fueron pautadas por el gobierno de Guillermo Endara, como el mismo Billy Ford, uno de sus vicepresidentes, lo reconoció en su momento.  La falta de voluntad de llevarlas a cabo fue seguramente por temor a las reacciones de la población y el costo político en que se incurriría.  Entre 1990 y 1994 hubo una seria crisis eléctrica y Panamá vivió lo que se conoce como “prendiones” en vez de apagones.  Ambas entidades, el INTEL y el IRHE eran obsoletas, con infraestructuras deterioradas y prestaban un pésimo servicio.  No escapa a nadie el desarrollo que todos estos años han tenido estos servicios y, sobre todo el de telecomunicaciones, cada día tenemos acceso a más tecnología de punta.

     A fines de 1999, con la inminente reversión de las cuatro frecuencias con las que contaba el Comando Sur de la Zona del Canal, se sacó del Ministerio de Gobierno y Justicia la división de Medios de Comunicación (que era el encargado de otorgar las frecuencias) y se constituyó el Ente Regulador de los Servicios Públicos (hoy Autoridad de los Servicios Públicos, ASEP) para que dichas frecuencias se licitaran con todas las de la ley.

     Durante todos estos años, C&W ha sido clave en el progreso del país, ha invertido más de dos mil millones de dólares en nuevas tecnologías y ha aportado a la economía nacional arriba de siete mil millones de dólares.  Y lo más importante, es que el gobierno sigue siendo dueño del servicio, con un 49%.