Para muchas personas es totalmente desconocido que, como clientes, consumidores y ciudadanos, tenemos derechos y en la mayoría de los casos, no sabemos dónde ir a reclamarlos. Es así como a pesar de que se dice que todos tenemos derecho al debido proceso (es decir, a que se presuma de la inocencia y se respeten las garantías de los panameños) se han tomado acciones que violentan esas garantías, como ha sido caso de las medidas cautelares contra el ex presidente Pérez Balladares y más recientemente, la forma rampante como se removió de su posición a la procuradora, Ana Matilde Gómez. Cuando analizamos la forma en que han sido tratados ellos nos ponemos a pensar, cómo nos tratarán a unos pinches hijos de la cocinera, que no tenemos los recursos ni el perfil de los medios para denunciar los atropellos.

Otros derechos que a diario se violan y que aunque sean menores no dejan de alterar la vida diaria, son los que conciernen a la prestación de los servicios públicos. El Ente Regulador estableció, cuando fue creado, metas estrictas de cumplimiento para que las transnacionales que obtuvieran las concesiones, con el fin de que los clientes de estos servicios no se quedaran eternamente esperando una solución ante un daño o queja. Por ejemplo, las transmisoras de electricidad tienen un tiempo perentorio para restablecer un servicio y de paso, darle el crédito correspondiente al cliente que se ha visto afectado por el daño en cuestión.

Las telefónicas igual, tienen unos días para instalar una nueva línea o para reparar una que se haya dañado, y quizás es por eso que así como tienen metas que cumplir, su meta es que ninguno de sus clientes se atrase en el pago, y para ello hacen uso de toda clase de presiones para recordarle a los clientes que deben apersonarse a pagar su cuenta a tiempo.

Las empresas que prestan el servicio de telefonía celular son otro cuento, y de horror. A pesar de que están en feroz competencia, una de ellas, Movistar, sigue con la misma mentalidad colonialista que trajo a los españoles al istmo y en sus centros de atención se viven a diario verdaderos dramas de personas que reclaman, con justa razón, el pésimo servicio que reciben.

Es hora que todos los panameños conozcan sus deberes y sus derechos. Las empresas de servicios públicos deben tener, a primera vista y al acceso de todos los que se acercan a sus oficinas, un folleto que en su momento exigía el Ente donde detallaba estos deberes y estos derechos. Para reclamos, ante la insensibilidad de los que dan la cara en los centros de atención siempre se puede ir a la ACODECO, que debe velar por la protección de los consumidores. Si no hacen esto, seguiremos siendo víctimas de los abusos de estos chupacabras y también, en cualquier momento, de la violación de los derechos elementales.