Con motivo de la celebración de las elecciones de Panamá el pasado fin de semana, estuvieron en nuestro país varias misiones de observadores internacionales, de diferentes grupos y tendencias, que llegaron a una conclusión unánime: el uso y abuso de los recursos del Estado era indiscriminado y lo que es peor, no había autoridad que vigilara o sancionara esa práctica —ergo, la Fiscalía Electoral—.

El politólogo y experto en procesos electorales, Daniel Zovatto, señaló antes de empezar el proceso de votación que: ‘Estas elecciones, a diferencia de las cuatro anteriores, podrían arrojar resultados muy ajustados si las encuestas no fallan en sus mediciones. Lo que está en juego es cuál va a ser el curso político que seguirá este país. Aunque no puede (porque la Constitución no lo permite), Martinelli sí ha buscado la reelección y por eso ha puesto como candidata a la Vicepresidencia a su mujer. Estas elecciones son quizás las más importantes por el estilo de gobernar de Martinelli, autoritario y de concentración de poder. No es un dictador, pero ha incurrido en violaciones a las normas constitucionales y electorales, y ha usado recursos estatales en la campaña’. Conversando con él durante el recuento de los votos en la Plaza Democracia del Tribunal Electoral, el día de las elecciones, me comentó que los oficialistas se habían molestado por estas declaraciones, vertidas a los medios internacionales.

Por parte del Centro Carter, el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana y el ex canciller mexicano Jorge Castañeda estuvieron presentes y, a pesar de elogiar el desarrollo del proceso en sí, la masiva concurrencia a las urnas y la calma que prevaleció en la mayoría de los lugares, con posterioridad confirmaron la abierta intromisión y abuso de los recursos del Estado para favorecer a los candidatos del gobierno, especialmente la fórmula que representaba una reelección velada.

En estos momentos hay dos curules que están impugnando los resultados, con pruebas fehacientes de que el gobierno usó los recursos estatales para hacerse con la victoria, una en Los Santos y la otra en el oriente chiricano. Por lo estrecho de los resultados de las elecciones, donde, a pesar del margen pequeño con que se alzó con la victoria el presidente electo Juan Carlos Varela, el presidente actual y sus adláteres estuvieron en estado de ‘shock’ las primeras horas, llegando el señor Martinelli al extremo de irse al Tribunal Electoral a revisar por sí mismo el conteo que allá se estaba mostrando (que no se estaba realizando, porque en ese lugar lo único que veíamos era cómo iban contando los votos en la Junta Nacional de Escrutinios). Fue un acto vergonzoso y los magistrados hicieron bien en no bajar, ni siquiera por cortesía, a atender a este señor.

Además del Centro Carter, que contaba con cinco integrantes, estuvieron en Panamá para las elecciones la Unión Interamericana de Organismos Electorales, con 30 representantes y la OEA, con 54 observadores. Otras organizaciones, incluso nacionales, tenían personas que fungieron como observadores y el consenso general fue que las elecciones se llevaron a cabo con relativa calma, y las irregularidades que hubo pudieron subsanarse. Pero antes de las elecciones, las autoridades se involucraron indiscriminadamente en la campaña oficialista.

El gobierno violó todos los artículos de la Constitución, que definen las funciones del Tribunal Electoral, y que no permite la intromisión en sus funciones ni por el Ejecutivo ni por ningún otro poder del Estado. En su desempeño durante los últimos 25 años, el Tribunal Electoral ha demostrado imparcialidad y, sobre todo, integridad y en los últimos meses ha recibido toda clase de amenazas, las que ha enfrentado con estoicismo y entereza. Debemos estar tranquilos que gracias a su excelente desempeño y probidad, la democracia en Panamá está a salvo.