Por Mariela Sagel, La Estrella de Panamá, 20 de noviembre de 2016

En medio de la turbulencia que produjo la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, cuya ola expansiva parece que no se detiene en el resto del mundo, tuvimos varias noticias locales que por su manejo no dejan de perturbarnos, por la poca claridad que hay detrás de ellas.  Una fue la celebración del congreso de seguridad social, del que solamente nos enteramos cuando el director, asesorado pobremente por su departamento de relaciones públicas, pataleó para que le refrendaran el presupuesto y el contralor se opuso, haciéndose el congreso internacional de una forma timorata y sin trascendencia.  Tal como estamos acostumbrados, a matar el mensajero y no el mensaje, los platos rotos le tocaron a la empresa que organizaba el evento, que asumo que en buena lid se ganó ese costoso montaje.

Es cierto que el Seguro Social atraviesa una grave crisis, y también es cierto que hay un faltante alarmante en medicamentos, que esta entidad debe tener para atender a los asegurados.  Pero si el gobierno se comprometió, hace meses, a celebrar ese congreso donde seguramente le podrían indicar al despistado director cómo arreglar las cosas, pues había que cumplir y no montar esta guerra entre instituciones y directores que más parece un escenario proselitista con aviesos propósitos.  Panamá se compromete a todo y al final no cumple con nada.

Otro congreso que se va a celebrar este año y para lo cual ya empezaron las críticas ociosas, es el de la Autoridad de Transparencia.  Panamá ha sido este año protagonista principal de los mayores escándalos de corrupción.  Es una magnífica oportunidad para que el mundo venga y mostremos que estamos comprometidos con enmendar los errores.  Pero no hacemos eso, nos vamos a bombardear los que se ganaron el contrato para atender esa demanda y los viajes impenitentes de la Zarina anticorrupción.  Y encima, el presidente, dentro de su disfrazada candidez, alega que el caso de Mossack Fonseca ya está superado.  Estamos esperando que explique en base a qué y por qué dice eso, que no sea que está protegiendo a su ministro consejero y las razones por las que no se ha adelantado en este asunto a nivel judicial.

De los muchos planteamientos que circulan sobre el efecto que tuvo y tendrá la elección de Trump está la comparación de esas elecciones, donde los principales medios y empresas encuestadoras manipularon la opinión pública, abocándose a apoyar a la candidata perdedora, y convirtieron todo en un teatro político, con personajes tan deleznables como el que ganó los comicios.  La civilización del espectáculo ha tomado posesión en más de un escenario de la vida política de nuestros países, y la banalización de la cultura, a falta de un apoyo decidido y comprometido por parte del estado, nos deja huérfanos de definiciones que nos ayuden a entender esta entelequia que tenemos por delante.  No podemos comprender todo lo que hay detrás porque no vemos claramente cuáles son los planteamientos.  La inmediatez de las redes, la falta en revisar la veracidad de las noticias y la superficialidad de los contenidos, además de la pereza que prevalece en el debate general, nos están haciendo perder tanto la esperanza como la seguridad de que las cosas van a ir para mejor.

También esta semana tuvimos la noticia, no muy clara para el lego en leyes, que en el caso WISA, que afecta directamente a este diario y su hermano El Siglo, la fiscalía ha pedido sobreseimiento por no haberse encontrado pruebas de delito.  Si el órgano ejecutivo respetara la constitución y la soberanía nacional, hace tiempo le hubiera dicho al embajador de Estados Unidos que sus “razones para creer”, que han destruido un consorcio económico sin pruebas reales, que los funcionarios dedicados a espiar en nuestro suelo hagan sus maletas y se despidan (DEA, CIA, OFAC, etc.) Pero eso sería pedir demasiado.  Ni siquiera sabemos qué pasará con nuestros compatriotas indígenas y sus tierras, que aún están pendientes de resolver el tema de Barro Blanco, mucho menos va la cancillería a solicitar respeto por la independencia jurídica que en teoría tenemos en Panamá.  Ni ante Estados Unidos, ni ante Colombia, que nos sigue tratando como su provincia olvidada, ni ante Francia.