Por Mariela Sagel, El Siglo, 18 de julio de 2016

La marcha convocada por los grupos que se oponen a la propuesta Ley 61, –que ni siquiera es de un diputado de gobierno sino de uno del PRD–, fue motivo de que muchos afirmaran categóricamente que su contundencia era producto de la insatisfacción de los ciudadanos con el gobierno actual.  Esa afirmación es temeraria e irresponsable, porque si bien los panameños no estamos acostumbrados a manifestarnos a favor de algo, a menos que sea en campaña política, la convocatoria a esa demostración de fuerza estuvo revestida de un fanatismo casi cavernícola y basada en supuestos temores invocados por las fuerzas religiosas que los condujeron.

Cuando en los años ’80 se propuso una reforma educativa, bajo el gobierno del Presidente Aristides Royo, los panameños se abocaron a las calles a rechazarla y a estas alturas todavía estemos regidos por una ley de 1946 totalmente desfasada de la dinámica actual de la enseñanza.

Los panameños no sienten que el actual gobierno resuelve sus necesidades básicas, y la realidad es que el costo de la vida se ha incrementado, la economía está más lenta, los procesos hasta para adquirir medicamentos se han vuelto más complicados.  La dinámica de la economía –o la economía dinámica de la que gozábamos— quedó atrás, para bien o para mal, por eso muchos excusan al anterior gobierno de que robó pero hizo, y señalan que éste no solo roba, sino que no hace nada.

Me siento muy poco optimista para los próximos tres años del mandato, con un escenario político donde los principales actores están metidos en pugnas intestinas y desoyen las necesidades reales del país. Que a estas alturas las figuras más conspicuas del gobierno sean parte vinculante de lo que se le exige a Panamá que cumpla para poner la casa en orden, a nivel de los acuerdos mundiales de intercambio de información, ofrecen una muestra de la falta de voluntad que se tiene.  Todo eso frena la economía del país, que no se percibe sino que se siente.