Por Mariela Sagel, El Siglo, 18 de enero de 2016

En medio del desasosiego, la rabia y la impotencia que produjo en la sociedad decente la escandalosa reelección del nefasto presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado, que representa el más abyecto de los que imparten la ley a la venta del mejor postor, se dio a conocer el fallo, largamente pospuesto, del caso de los menores quemados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, hace 5 años.

En un proceso que demoró demasiado, tanto para que se llevara a cabo el juicio como para que se fallara, fueron condenados casi todos los implicados, desde la jefa del penal, pasando por custodios y policías.  Para unos es un fallo histórico, para otros es justicia tardía, para los que estuvimos al lado de los que sobrevivieron es apenas una batalla ganada y el comienzo de otra.

El 9 de enero de 2011, en ese centro de cumplimento, siete jóvenes no quisieron participar de una reyerta que habían organizado sus compañeros, por las pésimas condiciones en que los tenían.  La razón era que saldrían en pocos días por su buena conducta.  Los encerraron en la celda, sus asesinos les tiraron una bomba molotov y los colchones ardieron, así como sus cuerpos.  Nadie se apiadó de ellos, les gritaban “ahora háganse los machitos”.

Fueron muriendo uno a uno, en el Hospital Santo Tomás.  El gobierno, que por ley tiene que velar por el bienestar y seguridad de a quienes privan de libertad no se preocupó de ellos ni de sus familiares.  Personas ejemplares y sensibles cooperaron para que los dos sobrevivientes pudieran tener el tratamiento adecuado para que sanaran sus graves quemaduras.  La indolente ministra de gobierno de entonces ni respuesta dio a las muchas peticiones de ayuda que se le hicieron, como también se hizo de oídos sordos la primera dama.

Ahora que no vengan a aducir violación de los derechos humanos los que están en cómodas celdas de la policía y hacen ejercicios.  La vida se encarga de cobrar sus propias cuentas.