La crisis penitenciaria continúa
MARIELA SAGEL
La Estrella de Panamá, 3 de noviembre de 2013
La presentación de la Clínica de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, sobre la crisis en el sistema penitenciario panameño fue desgarradora. Somos un país que se precia de haber alcanzado altos índices de crecimiento económico, pero que en vez de invertir en resolver el problema carcelario, ha incrementado los números de presos y todo lo resuelve construyendo más cárceles. Hasta en un escándalo internacional estamos involucrados, por ese afán de construir obras, en vez de invertir en el recurso humano.
La situación hoy es peor que hace 40 años, con uno de los más altos índices de encarcelamiento y detención preventiva del mundo. El sistema penitenciario opera al doble de su capacidad. Las condiciones que se viven en las cárceles son infrahumanas. En la Joyita, por ejemplo, hay cuartos de 150 reclusos. Hay grandes desigualdades, por ejemplo, en el Renacer sobra espacio. Hace falta personal médico, lo que pone en peligro la vida de los presos. También de personal penitenciario, y se hace uso de policías, lo que viola las normas establecidas. En Nueva Esperanza, Colón, los internos están armados. El problema de armas y contrabando es algo común y de allí las muertes que ocurren todas las semanas.
La mora judicial va en incremento. Más del 60 % de las personas no han sido juzgadas. A todo esto, en la presentación no hubo un solo representante del Sistema Penitenciario, ni del Ministerio de Gobierno y, según pude indagar, a este grupo de derechos humanos no se le ha permitido visitar las cárceles de un tiempo para acá.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno?: ha empezado la reapertura de la academia de personal penitenciario y ha iniciado la construcción de una nueva Joya, la más moderna cárcel de América Latina. Esta política a todas luces es errónea. Los centros penitenciarios deben ser para menos de 500 personas. No es una solución sostenible el construir más cárceles. Hay que meter menos gente en ellas.
Consecuente con sus planes de inversión, Panamá invierte más en la construcción de cárceles que otros países, contrario a la recomendación de organismos internacionales. Se debe invertir menos en infraestructura y más en capacitación y recursos humanos. Los presupuestos deben enfocarse en prevenir el hacinamiento, ir resolviéndolo y en nuestro país se hace uso excesivo del encarcelamiento preventivo.
Es obvio que hay falta de voluntad en buscar una solución. Lo más alarmante es la situación de corrupción que hay en el sistema penitenciario. Las audiencias se dilatan o no se realizan, porque todo tiene un costo. Urge tomar conciencia y entender con claridad la problemática de los privados de libertad. Los presos son seres humanos que tienen derecho a vivir con dignidad. Sus tropiezos en la vida producen una desintegración familiar muy traumática.
Una realidad quedó muy bien establecida en la presentación de la Clínica de Stanford y de su informe, que está siendo sustentado en estos días en Washington: Cuando abundan los recursos se acaban las respuestas.
Una tarea pendiente es saber por qué solo el 10 % de los privados de libertad son mujeres. Y las mujeres que están presas lo están por delitos menores, muchas veces por ser mulas de cantidades exiguas y la mayoría de las veces, por ayudar a un hijo, un marido o un amante. Están presas por amor.
Recae una gran culpa en los funcionarios correspondientes, jueces y fiscales, que no se atreven a aplicar la Ley como están obligados, dar fianzas y medidas cautelares, por ejemplo. La Ley permite que haya días multas y subrogados penales, así como trabajo comunitario, pero no lo aplican. Muchas veces, cuando un preso es juzgado, la pena es menor que el tiempo que ha estado esperando la sentencia. El problema penitenciario carece de sensibilidad social y compromiso hacia los seres humanos. Somos una sociedad vengativa, debemos ser más integrales
