Las expectativas que se levantaron cuando ganó las elecciones el pasado mes de mayo el presidente Juan Carlos Varela, más que otorgarle la confianza de un tercio de la población votante, le concedió el mandato de dos tercios de los panameños que no quisimos bajo ninguna circunstancia que los franquiciados de Cambio Democrático se perpetuaran en el poder.

Ahora confirmamos que para lograr los propósitos aviesos de elegir la nómina Arias-Martinelli no había límite en lo que se gastara, fueran fondos del Estado a través del PAN (prometieron eliminarlo en campaña), partidas circuitales (la misma promesa) o por medio de figuras disfrazadas de quién sabe qué.

Los diputados nacionales están, desde julio, entretenidos en presentar proyectos de ley que van de lo sublime a lo ridículo y le quedan a los padres y madres de la patria apenas mes y medio de debates para acogerse a un inmerecido descanso, sin que la población haya tenido un respiro que le reintegre la confianza en ese órgano del Estado, que a la fecha no ha logrado conformar la totalidad de sus miembros integrantes.

Iniciativas que institucionalizan los subsidios para entronizar la figura del Estado paternalista la encabeza el que le da casi quinientos dólares a las adolescentes embarazadas que no tengan recursos al mismo tiempo que se discute la urgente legislación que garantiza la educación sexual en las escuelas, a la que se han opuesto figuras que deberían estar a la vanguardia del pensamiento sobre políticas públicas orientadas a la niñez y demuestran cada vez que abren la boca que tienen una mente retrógrada.

También se habla de dar un subsidio para operaciones bariátricas (reducirle la panza a los gordos) en vez de incentivar que la gente coma en forma sana. Otros diputados ociosos han propuesto declarar como patrimonio histórico a la cutarra y el sancocho, sin tomarse el trabajo de revisar la creciente presión que ha estado ejerciendo la población consciente en cuanto a conocer nuestra historia patria para lograr que haya una mayor conciencia nacional que nos identifique.

Es más fácil restituir una ley que fue derogada en el Gobierno anterior para terminar de desbaratar la autoestima que tenemos como país, pero seguramente eso no va a debate, no roba cámara y no genera atención mediática. Lo de enarbolar solo la enseña panameña en todo el territorio es un poco desactualizado, porque ese logro lo obtuvimos hace 37 años con la firma del tratado Torrijos Carter (un solo territorio, una sola bandera) y el tema no tiene ninguna relevancia en estos momentos que se debate sobre la conveniencia y legalidad de la naturalización de extranjeros que se impulsaron en el Gobierno pasado.

Se está perdiendo mucho tiempo en confirmar la prohibición de construir estacionamientos soterrados en parques existentes (como el Harry Strunz, en Obarrio, cuya orden de proceder nos dejó la anterior alcaldesa de bonificación por su gestión) y a la impaciencia por ver cabezas rodar ante tantos escándalos de corrupción que se han destapado, se une la percepción de lentitud por resolver las impugnaciones a elecciones donde se comprobó la compra de votos y uso de fondos del Estado para campañas de afectos al Gobierno pasado y el vacío legal que es la necedad de realizar elecciones en esos circuitos donde se eligieron a los que finalmente resulten condenados.

No quiero unirme al clamor que hay a flor de piel, para que veamos en 100 días lo que no vimos en cinco años. Pero el Órgano Legislativo debería ser más consecuente con su misión de normar el marco legal que nos rige, en concordancia con las acciones del Ejecutivo, que nadie duda que quiere hacer las cosas bien y va a investigar todos los desafueros que se cometieron, más en cinco años que en cincuenta: el absoluto irrespeto a la integridad del ser panameño. Pero justicia tardía no es justicia, por lo que hay que pisar el acelerador.