El accionar público La ética y la política Opinión Panamá Publicado en La Estrella de Panamá

Situaciones inexplicables

MARIELA SAGEL*

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La Estrella de Panamá,  20 de febrero de 2011

No se había secado la tinta que daba cuenta del regaño que emitió el presidente a sus ministros, metiéndolos en cintura y recordándoles que él era quien mandaba hasta el 30 de junio de 2014 —uff, ¡cuánto falta y cuánto tendremos que padecer hasta esa fecha!— que ahora el desbocado mandatario, totalmente a la defensiva, dice que siguió instrucciones del canciller Varela (a quien llamó burro antes de aliarse con él) y del embajador surcoreano y se apresuró raudo y veloz a llamar al presidente de esa nación oriental, para informarle que ya las condiciones estaban dadas para que vinieran las empresas a llevarse la riqueza minera de nuestro territorio.

A veces pienso que los que nos gobiernan creen que somos tontos o que nos hacemos. Estaban enardecidos los representantes de los pueblos indígenas en las calles, no solo de las áreas aledañas a sus comarcas, sino en la capital, camino a Pacora y en toda la geografía y como una bofetada sale esta noticia.

Encima, enviaron al menos querido dentro del Gabinete a negociar con los ngäbes —menos querido es apenas un decir, cuando en público y en privado son conocidas las desavenencias que ha tenido con su jefa inmediata— y al pobre lo agarraron a trompicones, porque, dicho en buen panameño, nada se podía negociar ya, si todo estaba dicho: la ley sancionada y la advertencia dada que la misma no sería derogada. Ahora el sufrido vice se ha postulado para defensor del Pueblo. Nada me extrañaría que le dieran de premio de consolación el puesto, por los golpes recibidos. A lo mejor logra levantar una institución que prácticamente ha desaparecido durante la gestión del actual titular, al punto que ya nadie sabe si existe o no.

Una de las sorpresas que me he ido encontrando en las profundidades en que me he sumergido para poder entender el tema minero y opinar con propiedad es que, además de hacer mucho daño al ambiente, algo que quizá hace treinta años no era tan prioritario ni estaba tan de moda como ahora, margina mucho a la población femenina. Los daños que sufren las mujeres son inmensos: primeramente, no hay plazas de trabajo para las de nuestro género, lo que las hace perder independencia económica y depender de sus parejas. Si consiguen trabajo, es en labores menores, con muy bajos sueldos y son las primeras en ser despedidas. Por estar en un medio primordialmente machista, sufren de acoso, sectarismo, violencia doméstica, alcoholismo (si lo dudan, léanse El Arte de la Resurrección, de Hernán Rivera Letelier) y ni hablar que su medio ambiente se ve afectado grandemente, lo que representa inclusive una amenaza a su forma de vida, porque muchas de ellas cultivan los alimentos que ingieren sus familias. En el peor de los casos son desplazadas de sus lugares de orígenes y por ende, desarraigadas de su tierra. Y todos sabemos lo orgullosas que, por lo menos las mujeres ngäbes, lo son.

Ellas fueron las que le entraron a cachiporrazos al viceministro mártir —para darle un mérito, que reciba algo, además de los golpes— y son las que en las protestas y en las marchas y en los podios elevan su voz de denuncia ante el peligro que se cierne sobre esas poblaciones.

Que no se diga que todo esto no estaba previamente pactado con las empresas multinacionales que tenían sus ojos puestos en Panamá y era urgente por obsoleto modificar el Código Minero. Que se nos hable claro y se exponga que en vez de turismo y biodiversidad, vamos a ofrecer un panorama devastador de minería rampante y depredadora.

Y como de situaciones inexplicables estamos hablando, todavía no hay respuesta ni manifestación de ninguna instancia del gobierno sobre quién pagará los gastos de recuperación, tanto física como sicológica de los dos menores que sobrevivieron a la masacre del Centro de Cumplimiento. Un grupo de personas que exigimos que en Panamá se respete la dignidad humana hemos dispuesto que sean atendidos por médicos privados para determinar si deben recibir tratamientos que no están al alcance de los bolsillos de sus familiares. Y luego le pasaremos la cuenta al Estado. Si no, la pagaremos real a real, como se pagó la multa de la procuradora Gómez. Adherentes nos sobran.