La solución al problema del transporte colectivo en la ciudad capital (ojo, que no es transporte público) sigue pendiente en la agenda de temas por solucionar, desde hace varios períodos de gobiernos. En el año 1999, luego de aprobar la Ley 34 del 28 de julio y crear la Autoridad del Transporte, cuya reglamentación quedó en el limbo en el gobierno arnulfista, entregué a mi sucesor la propuesta de un tren ligero como la alternativa más viable en materia logística, menos traumática en términos estéticos y ambientalistas y con valores agregados de financiamiento de parte del gobierno francés.

Este proyecto pasó inexplicablemente de manos del Ministro de Gobierno al Ministro de Obras Públicas. Vimos cómo transcurrió un lustro presidencial en medio de pugnas por espacios de poder entre el director de la ATTT y el de Proyectos Especiales del MOP. En las ciudades donde se ha implementado este tipo de solución, los que más se benefician son precisamente los transportistas, debido a que los desplazamientos son menos largos, menos congestionados y más eficientes. Aquí no hemos estado ajenos a ese modelo: la reticencia inicial de los transportistas a usar la Gran Terminal de Transporte dio paso a un ordenamiento de casi primer mundo, donde hoy día ese lugar —la Terminal— se convierte a veces en un sitio para pasear.

A fin de aportar a la solución del tema transporte, me permito llamar la atención sobre algunos artículos de la Ley 34, que modificó la Ley 14 de 1993: La ATTT (Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre) es la responsable de la planificación, investigación, dirección, supervisión, fiscalización, operación y control del transporte terrestre en la República de Panamá. Debe velar porque se cumplan los puntos a los cuales no se llega a acuerdos para unificar el pasaje, entre ellos el artículo 50, que reemplaza el artículo 40 de la Ley 14: «los concesionarios de transporte público de pasajeros están obligados a mantener sus vehículos en óptimo estado de seguridad y condiciones de funcionamiento…». Y el artículo 43, que modifica el artículo 57 de la Ley 14: «Para todos los efectos legales, se reputa como relación de trabajo el servicio personal que presta un conductor a un concesionario o transportista, en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica. Igualmente, se presumirá la existencia de una relación de trabajo cuando el conductor que preste el servicio no aparezca inscrito como titular de un vehículo en el Registro de Transporte Público». Esto último es muy importante para garantizar la integridad de los abusados «palancas», que al volante de un diablo rojo, quieren acabar con lo que se les pone enfrente, a fin de cumplir las obligaciones leoninas que le imponen los dueños de los vehículos.

El artículo 44 modifica el 59 de la Ley 14 y «prohíbe la utilización de amplificadores en los equipos de sonido, así como el uso de troneras y sirenas…». En fin, la ley 34 contempló la solución de todos los males que siguen sufriendo los usuarios del transporte colectivo, y la población que se traslada sobre ruedas en las calles de la capital, además que brindó oportunidades financieras para reemplazar la flota. Pero una ley sin una buena reglamentación no es una buena ley.

Volviendo al tema del tren ligero versus los buses articulados, estos últimos son solamente un paliativo provisional que contribuiría aún más a la congestión vehicular en la ciudad, además de que nuestra urbe no posee las amplias avenidas que se requieren para que se dedique, a cada lado, un carril únicamente para el desplazamiento de esos buses. Si de verdad se busca un remedio, el transporte masivo de pasajeros, silencioso, no contaminante y alejado de las rutas tradicionales de los amenazantes diablos rojos es la solución. La Ciudad de Panamá perdió la oportunidad de contar con una solución avanzada en transporte masivo de pasajeros, ya que en su momento la instancia gubernamental que debe reparar las calles llenas de huecos quiso llevarse el mérito del tren, y al que le correspondía ofrecerla, se enfrascó en serrucharle el piso al proyecto con otra alternativa, misma que pasó a la actual administración y fue precipitadamente abortada a raíz del lamentable accidente ocurrido el 23 de octubre de 2006.

La responsabilidad de una solución al transporte masivo de pasajeros es de la ATTT, y el tren ligero es la mejor opción, que beneficiará a todos, inclusive a los transportistas. Se puede rescatar el proyecto, ya lo ha dicho el embajador francés, y tratar de restablecer las condiciones que nos ofrecieron hace casi 10 años. Pero si en un año se vendieron 40,000 autos —y no salen de circulación los viejitos— y se sigue construyendo sin visión urbanística, contribuimos a crear el caos y una eventual paralización de la ciudad, porque ya no damos para más, y no podremos señalar culpables de esta desidia. Es responsabilidad de todos.